La cúpula de la Fiscalía se reúne este martes para unificar su postura en torno a uno de los puntos crítico de la amnistía: si el delito de malversación entra o no en el perdón de la ley. Con los cuatro fiscales de la causa del procés convencidos de que esa puerta al regreso de Carles Puigdemont no debe abrirse, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, afronta uno de sus combates más complejos en un momento muy delicado de su mandato: pendiente de una posible imputación por el comunicado que desmentía un bulo sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso y tras varios varapalos judiciales por ascender a Dolores Delgado.
La ley de amnistía entró en vigor hace siete días. Según los cálculos de la propia Fiscalía, la norma puede afectar a un total de 82 procesos penales todavía en tramitación con 486 personas encausadas. Causas que, en su mayoría, permanecen abiertas en juzgados de instrucción de Catalunya, pero también en organismos centrales, como es la causa central del procés en el Supremo, en la que permanece procesado por malversación de caudales públicos el expresident catalán Carles Puigdemont.
La aplicación de la amnistía no depende del Ministerio Público, depende de los tribunales, y gran parte de los jueces que instruyen causas relacionadas con el procés ya han pedido su opinión a las partes. La postura de los cuatro fiscales que han participado en la causa del Tribunal Supremo, en la que defendieron sin éxito la acusación por rebelión, es clara: la malversación de dinero público para financiar la independencia de Catalunya no es amnistiable.
Los fiscales del procés -Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Javier Moreno y Fidel Cadena- han activado el mecanismo legalmente establecido para que sea la asamblea de fiscales de sala la que resuelva la discrepancia de criterios. Pero más allá del formalismo, hay poco de habitual en la situación, con un enfrentamiento directo entre los cuatro fiscales y su superior jerárquico, plasmado incluso por escrito.
La última palabra, sea cual sea la decisión que tome la cúpula de la Fiscalía este martes, está en manos de García Ortiz. La postura de los cuatro encargados del caso es nítida y pública desde pocos minutos después de la publicación de la ley, incluso antes de que el trámite para informar se pusiera en marcha y aludiendo no solo a lo estrictamente jurídico, sino a otros factores, como el rechazo popular «ampliamente mayoritario» a la ley o el «brusco e inesperado modificación de opinión» del PSOE.
El fiscal general pidió un informe libre de valoraciones políticas y la respuesta fue similar: la amnistía no abarca la malversación y, en la práctica, Carles Puigdemont no puede volver a España sin arriesgarse a ser detenido.
El criterio de los fiscales del procés choca frontalmente con el del fiscal general. Allí, donde ven «beneficio patrimonial» y «ánimo de lucro» para apropiarse de dinero público, Álvaro García Ortiz afirma que no existió ese «propósito de enriquecimiento» que marca la línea roja para aplicar la amnistía. La tesis de los cuatro del procés, dice García Ortiz, «contradice» la voluntad del legislador, que con claridad alude a que se debe amnistiar la distracción de fondos públicos limitándose al referéndum de independencia de 2017.
Amnistía y una Fiscalía incendiada
En los despachos de la calle Fortun
