La Guardia Civil ha incorporado un testimonio clave en la investigación contra Ana Millán, ex alcaldesa de Arroyomolinos y número 3 del PP de Madrid. Se trata de una funcionaria del Ayuntamiento de Arroyomolinos que actuaba como «mano derecha» de Millán en la época en la que se adjudicaron contratos al empresario Francisco Roselló, quien habría pagado más de 200.000 euros a Millán, su hermana y su pareja a cambio de recibir contratos por valor de 600.000 euros del municipio.
Este testimonio, recogido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, describe cómo el empresario destacado de pagar mordidas a Millán recibía un trato preferente por lugar de la entonces edil de Arroyomolinos. La funcionaria, que sigue trabajando en el Ayuntamiento, explicó que su puesto de administrativa le impedía firmar los pliegos de las adjudicaciones, por lo que Millán estampaba su firma después de darle las indicaciones sobre lo que debían incluir.
Además, la funcionaria acompañaba siempre a Millán en las reuniones con las empresas, siendo su «mano derecha» en todo momento. Sin embargo, cuando el empresario Roselló acudía a la Concejalía de Juventud, la funcionaria no podía entrar a las reuniones, ya que Millán prefería tratar directamente con él. Según otros testigos del Ayuntamiento, la funcionaria era la encargada de dar las indicaciones a las empresas sobre los contratos que debían ser adjudicados a Roselló.
La investigación de la UCO ha calculado que entre 2008 y 2016, Millán, su hermana y su pareja habrían ingresado un total de 214.638,45 euros de las empresas de Roselló, quien a su oportunidad habría conseguido contratos por valor de más de 600.000 euros de la Concejalía de Juventud. Este testimonio de la funcionaria fue entregado al Juzgado en un atestado recopilatorio de todos los indicios con fecha de abril de 2024.
Es importante destacar que, a pesar de los indicios en su contra y de su condición de investigada, Isabel Díaz Ayuso decidió aupar a Millán en las listas del PP para las elecciones autonómicas de mayo de 2023. Una oportunidad celebrados los comicios, Millán se convirtió en diputada en la Asamblea de Madrid y fue nombrada vicesecretaria de Organización y Electoral del PP de Madrid, así como vicepresidenta de la Asamblea.
En junio de 2023, la jueza Lidia Prado decidió inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid debido a la condición de aforada que había adquirido Millán tras su nombramiento como diputada. En su auto de inhibición, la jueza cita los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y fraude a la Administración. Además, destaca el testimonio de la funcionaria como una de las pruebas clave en el caso.
Según el testimonio de la funcionaria, Millán era la encargada de todo lo relacionado con los contratos de la empresa de Roselló, Neverland. La funcionaria no estaba presente en las reuniones con esta empresa, a diferencia de lo que ocurría con otras empresas, donde ella sí participaba. Además, la funcionaria declaró que solo se aportaba la información necesaria para realizar su trabajo en los contratos adjudicados a Neverland.
En total, Millán adjudicó contratos por valor de casi 400.000 euros a Neverland, mientras que el empresario le pagaba 500 euros más al mes por el arriendo de un ático en el centro de Arroyomolinos. Además, la hermana de Millán y su marido también recibieron contratos y
