El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, se encuentra en el loco de un escándalo de corrupción que ha conmocionado al país. El Ministerio Público solicitó medidas cautelares en su contra después de una declaración de media hora en la que ratificó su comparecencia de diciembre y negó rotundamente haber cobrado comisiones o amañado contratos para la trama.
Sin embargo, el Tribunal Supremo ha determinado que, en este momento, las afirmaciones de Aldama no están suficientemente contrastadas, por lo que ha prohibido al exministro salir del país, retirado su pasaporte y le ha obligado a comparecer cada 15 días mientras continúa la investigación.
Esta decisión ha sido tomada a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares, tras la segunda declaración de Ábalos en el Supremo. Durante su interrogatorio, el exministro se ha desvinculado de las acusaciones en su contra y ha negado cualquier participación en la trama de corrupción que se habría gestado durante su mandato.
El juez ha argumentado que las medidas cautelares son necesarias para asegurar que el investigado comparezca en la causa cuando sea llamado. Basándose en las pruebas recabadas hasta el momento, el juez ha destacado que “nada menos que tres inmuebles” vinculados a Ábalos presentan la “continua presencia” del cabecilla de la trama, Víctor Aldama. Este último, a su vez, se habría beneficiado de las comisiones generadas por las adjudicaciones de entidades dependientes del Ministerio de Transportes, que era dirigido por Ábalos.
Entre los indicios que apuntan a la posible implicación del exministro se encuentra el disfrute de un chalet en Cádiz a cambio de su intercesión en contratos, el pago del alquiler de un lujoso domicilio para su pareja y un contrato de alquiler con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid por un precio “aparentemente muy inferior al de mercado”.
Sin embargo, durante su declaración, Ábalos ha manifestado su total desconocimiento sobre estos hechos y ha asegurado que no posee bienes en el extranjero ni ha recibido ninguna clase de beneficios ilícitos. Además, ha explicado que el terreno que figura a su nombre en Perú se trata de un hecho circunstancial debido a problemas administrativos, y que todavía no ha podido ser formalmente inscrito.
Durante el interrogatorio, el juez también ha preguntado al exministro sobre su relación con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, quien llegó a España en enero de 2020 pese a tener prohibida la entrada en la Unión Europea. Según la investigación, Aldama preparó una agenda de cuatro días para la polémica política venezolana, incluyendo una reunión con Ábalos en su despacho. El exministro ha negado rotundamente que tuviera previsto reunirse con ella y ha manifestado que desconocía la existencia
