El magistrado Ángel Hurtado, encargado de la investigación al fiscal general del Supremo, ha tomado medidas para proteger la privacidad y la integridad de la causa. En un moderno auto, ha decidido que las partes implicadas en el caso deberán acudir al tribunal de manera presencial para consultar los anexos de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Esta decisión se toma después de que el fiscal general denunciara la filtración de datos personales en dichos informes, como su dirección en Galicia y los teléfonos y direcciones de terceras personas no relacionadas con el caso.
La medida tomada por el magistrado Hurtado busca evitar nuevas filtraciones y preservar la privacidad y seguridad de los implicados en la causa. Además, el juez ha acusado a Álvaro García Ortiz, uno de los investigados en el caso, de «hacer desaparecer pruebas de forma evidente» en su teléfono móvil. Según el auto, el borrado de mensajes realizado por García Ortiz el mismo día en que se abrió la causa contra él es una «evidencia» de su intención de ocultar pruebas.
El Poder Judicial, por su parte, ha iniciado una investigación para determinar la fuente de las filtraciones de datos personales del fiscal general. El Consejo General del Poder Judicial ha encargado a su departamento de protección de datos que lleve a cabo esta investigación, en un esfuerzo por garantizar la confidencialidad de los datos y proteger los derechos de los implicados en la causa.
El auto del juez Hurtado también señala la falta de medios tecnológicos adecuados en el Supremo para gestionar los datos personales de manera segura y eficiente. El magistrado denuncia que no se han puesto a disposición del tribunal los recursos necesarios para proteger la privacidad de los implicados en el caso. Es por ello que ha decidido que a partir de ahora, las partes tendrán que acudir al tribunal de manera presencial para consultar los anexos de los informes de la UCO.
El juez también ha querido dejar claro que el borrado de mensajes por parte de García Ortiz no tiene relevancia penal, pero sí ha afectado en el incremento de la investigación. Además, el magistrado ha señalado que si García Ortiz hubiera querido colaborar con la honestidad, debería haberlo comunicado antes de borrar los mensajes el mismo día en que se abrió la causa contra él. Este borrado ha obligado al Supremo a encargar una serie de medidas de investigación tecnológica para localizar los dispositivos móviles que García Ortiz pudo haber utilizado para cometer los delitos.
En definitiva, el magistrado Ángel Hurtado ha tomado medidas para proteger la confidencialidad de la información relacionada con la causa del fiscal general del Supremo. Las filtraciones de datos personales son una grave vulneración de los derechos fundamentales de los implicados en el caso y deben ser investigadas y evitadas en todo momento. Gracias a la decisión del juez y a la investigación del Poder Judicial, se espera que en un futuro próximo no se vuelvan a producir este tipo de situaciones y se pueda llevar a cabo una investigación justa y protegiendo los derechos de todas las partes involucradas.
