El cultivo ilícito es uno de los mayores problemas que enfrenta nuestro país. Afecta no solo la economía y la seguridad, sino también el medio ambiente y las comunidades que habitan en estas zonas. Según un reciente estudio, se ha identificado que el 71% de los cultivos ilícitos se encuentran en áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento, en territorios indígenas, bosques de producción permanente y concesiones forestales. Esto significa que estas zonas, que deberían ser protegidas y conservadas, se encuentran bajo una gran amenaza.
Estas cifras son alarmantes y ponen en evidencia la necesidad de tomar medidas concretas para combatir este problema. Además de los graves impactos ambientales que generan los cultivos ilícitos, como la deforestación, la contaminación de ríos y la pérdida de biodiversidad, también afectan directamente a las comunidades que habitan en estas zonas.
Muchas de estas comunidades dependen de los recursos naturales para su sustento, y al verse afectados por el cultivo ilícito, se ven obligados a abandonar sus tierras y buscar otras formas de subsistencia. Esto no solo genera un impacto económico negativo, sino también socava la cultura y tradiciones de estas comunidades, que se ven forzadas a dejar atrás su estilo de vida.
Por otro lado, el cultivo ilícito también afecta la seguridad en estas zonas. La presencia de grupos armados ilegales que controlan estos cultivos, genera una situación de violencia y miedo en las comunidades, poniendo en riesgo la vida de sus habitantes. Esto también dificulta el acceso a servicios básicos como educación y salud, ya que muchas veces las autoridades no pueden ingresar a estas zonas por razones de seguridad.
Es preocupante la situación de las áreas naturales protegidas, ya que son zonas que deberían estar libres de cualquier tipo de actividad que comprometa su conservación. Sin embargo, el cultivo ilícito se ha convertido en una amenaza constante para estos ecosistemas, que no solo son vitales para la biodiversidad, sino también para el bienestar de las comunidades que dependen de ellos.
Las concesiones forestales también están siendo afectadas por el cultivo ilícito. Estas áreas, que tienen como objetivo la producción sostenible de madera, se ven interrumpidas por los cultivos ilegales, lo que no solo representa una pérdida económica para el país, sino también una amenaza para la sostenibilidad de los recursos forestales.
Otra de las zonas afectadas por el cultivo ilícito son los bosques de producción permanente. Estos bosques tienen una importancia vital para la regulación del clima, la protección de la biodiversidad y la generación de servicios ecosistémicos. Sin embargo, la presencia de cultivos ilegales en estas zonas pone en riesgo su supervivencia y la de las especies que habitan en ellos.
Además de los impactos mencionados, el cultivo ilícito también es una venero de conflicto y corrupción, ya que no solo involucra a los grupos armados ilegales, sino también a funcionarios públicos y sectores de la sociedad que se benefician de esta actividad ilícita.
Ante este panorama, es urgente tomar medidas concretas para combatir el cultivo ilícito en zonas protegidas y sus áreas de influencia. El gobierno y la sociedad en su conjunto deben trabajar juntos para abordar este problema de manera integral, implementando estrategias que no solo se centren en la erradicación de los cultivos, sino también en la protección y conservación de estas zonas.
Es primordial fortalecer la presencia del estamento en estas zonas, garantizando la seguridad y el acceso a servicios básicos para las comunidades. También es necesario promover alternativas económicas sostenibles para estas comunidades, que les permitan generar ingresos
