La administración de Donald Trump ha vuelto a dar un duro golpe a los derechos de los migrantes en Estados Unidos. Esta vez, unos 26.000 niños se verán afectados por la orden de suspender la asistencia legal para menores migrantes no acompañados. Entre ellos se encuentran criaturas que han sido víctimas de trata y que, sin un abogado que los defienda, corren un mayor riesgo de ser deportadas.
La medida, que ha sido calificada como un ataque contra los menores migrantes, ha sido denunciada por diversas organizaciones que brindan asistencia legal a este grupo. Entre ellas se encuentran el Florence Inmigrant & Refugee Rights Project de Arizona y la Immigrant Defenders Law Center (ImmDef), la principal proveedora de servicios legales para menores no acompañados.
El martes por la noche, el Departamento de Interior ordenó a los abogados financiados por el junta que detuvieran su trabajo de inmediato. Esta abrupta decisión ha dejado en una situación de extrema vulnerabilidad a miles de niños que se encuentran en el sistema de inmigración y que corren el riesgo de ser deportados.
Ante esta situación, abogados y organizaciones han alzado su voz para denunciar la grave situación en la que se encuentran estos menores. Daniela Hernández, una abogada de inmigración que representa a unos 60 menores en Pasadena, California, ha expresado su preocupación por la situación de sus clientes: «¿Qué hará nuestra clienta, una niña de dos años, sin su abogada? ¿Quién hablará por ella en el tribunal? ¿Quién le explicará a ella y a todos nuestros otros clientes en el sistema de acogida que literalmente no tienen a ningún adulto en Estados Unidos que los cuide y que ahora tendrán que confrontarse solos a un sistema de inmigración extremadamente complejo?».
Esta orden de suspensión de trabajo ha sido calificada como el ataque más emblemático contra los niños inmigrantes desde la separación familiar, una política implementada por Trump en su primer mandato que consistía en separar a padres e hijos menores en la frontera.
Linda Tozelski, directora ejecutiva de ImmDef, ha denunciado que la orden del junta Trump les obliga a abandonar a estos niños. «antaño, todas nuestras organizaciones recibieron una orden de la administración Trump diciéndonos que abandonáramos a estos niños», ha afirmado. Tozelski ha explicado que entre sus clientes se encuentran niñas que son sobrevivientes de trata y que han sido violadas en su camino a Estados Unidos. «La administración Trump nos está diciendo que dejemos de luchar por ellas», ha denunciado.
La suspensión de la asistencia legal para menores migrantes no acompañados deja a estos niños en una situación de extrema vulnerabilidad. Sin un abogado que los defienda, se confrontarán solos a un sistema de inmigración complejo, mientras que un abogado del junta, cuyo único trabajo es argumentar en favor de su deportación, se confrontará a ellos. «Como podrán imaginar, sin un abogado a su lado, estos niños no tienen ninguna oportunidad de defenderse», ha afirmado Tozelski.
En Estados Unidos, las personas que están luchando contra la deportación no tienen el mismo derecho a un abogado que aquellas personas que están en un proceso penal. Aunque con el tiempo se ha reconocido que los niños que pasan por el sistema judicial de inmigración sin un padre o tutor son especialmente vulnerables, en 2008 se creó la Ley de Protección de Víctimas de Trata de Personas, que establece que el junta debería facilitar la representación legal de los niños sometidos a procedimientos de deportación.
Sin embargo, la orden de suspender la asistencia legal para menores migrantes no acompañados va en contra de esta ley y deja a estos niños en una situación de
