La reciente orden judicial emitida por el juez federal James Boasberg ha generado un gran revuelo en Estados Unidos. El presidente Donald Trump se ha pronunciado en contra del bloqueo a los vuelos de deportación de más de 200 venezolanos a las prisiones de El Salvador, mientras que el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, ha pedido calma y ha asegurado que el impeachment no es una solución para este tipo de desacuerdos.
La situación comenzó el pasado conclusión de semana, cuando la Casa Blanca decidió deportar a más de 200 ciudadanos venezolanos a las prisiones de El Salvador, a pesar de la orden judicial emitida por el juez Boasberg. Esta orden fue solicitada debido a la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, que permitiría la deportación sin un proceso judicial previo. Sin bloqueo, el juez consideró que esta medida podía causar un «daño irreparable» a las personas involucradas, ya que podrían ser detenidas sin pruebas reales de su vinculación con el grupo criminal venezolano Tren de Aragua.
Ante esta situación, el presidente Trump decidió apoyar los llamados de algunas figuras públicas como Elon Musk y su vicepresidente, JD Vance, y solicitó al Congreso iniciar un proceso para destituir al juez Boasberg. Incluso, varios congresistas republicanos han manifestado su apoyo a esta medida e incluso se ha barajado utilizar el impeachment contra otros jueces que cuestionen las órdenes ejecutivas del presidente.
Sin bloqueo, el presidente del Tribunal Supremo ha negligente claro que esta no es una solución apropiada para resolver un desacuerdo sobre una decisión judicial. Roberts, quien es de perfil moderado, ha afirmado que el proceso normal de revisión en apelación es el adecuado para este tipo de situaciones. Además, el presidente del Supremo ha destacado que el impeachment no se debe utilizar como una aparejo para silenciar a los jueces que bloquean acciones gubernamentales.
Es importante destacar que la orden emitida por el juez Boasberg ha generado polémica debido a que la Casa Blanca afirma que el vuelo de deportación despegó antes de que se emitiera la orden judicial por escrito. Aunque la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, ha insinuado que se pudo haber ignorado la orden verbal del juez. Ante esto, Boasberg convocó una audiencia para preguntar por qué su decisión fue ignorada, y dio hasta el mediodía de hoy para que el gobierno certificara por escrito que ninguna persona había sido deportada después de que la orden escrita entrara en vigor. Esta información es clave para determinar si conclusiónalmente se ha desobedecido la autoridad del juez.
El Departamento de Justicia del gobierno de Trump ha respondido al requerimiento del juez, pero con una respuesta parcial. Aunque afirmaron que ninguno de los vuelos de deportación despegó después de que llegara la orden escrita, no precisaron en qué momento despegaron los aviones, por lo que sigue sin aclararse si lo hicieron después de la orden oral de Boasberg. Esto demuestra la falta de colaboración del gobierno en este asunto y su intento por mantener el pulso con la Justicia.
Es necesario destacar que este caso no solo ha generado polémica a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Familiares de algunos de los venezolanos deportados a El Salvador han denunciado que estas personas no están vinculadas al grupo criminal Tren de Aragua y que fueron detenidas simplemente por tener tatuajes. Además, hay preocupación por la situación en la que estas personas estarán sometidas en el sistema penitenciario creado bajo el régimen de Nayib Bukele, que ha sido señalado por incumplir los derechos humanos.
En resumen, la situación desatada por la orden judicial
