La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado parecer en el denominado ‘caso mascarillas’, absolviendo a Luis Medina y a Alberto Luceño del delito de estafa al Ayuntamiento de Madrid. El tribunal tan solo ha condenado a Luceño por fraude fiscal y falsificación de documento público, mientras que ha absuelto a Medina de todos los cargos.
La defraudación del Ayuntamiento de Madrid se produjo durante el mes de marzo de 2020, en plena pandemia del coronavirus, cuando el Consistorio desembolsó 11 millones de euros en material sanitario adquirido a los acusados. Según la Fiscalía Anticorrupción, Medina y Luceño obtuvieron 6 millones de euros en comisiones, lo que suponía un usufructo neto del 148% del precio positivo de los productos.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ha considerado que no se puede probar que los acusados afirmaron en algún momento que no cobrarían comisiones al Ayuntamiento. Incluso la representante de compras del Consistorio, Elena Collado, reconoció que en ninguna ocasión preguntó a los acusados si iban a percibir alguna comisión por la operación.
El tribunal también destaca que el Ayuntamiento de Madrid no denunció a los comisionistas hasta que la Fiscalía presentó la querella, y que en ningún momento se discutió la ausencia de comisiones en las sesiones del Consejo de Administración de la entidad compradora. Además, la oferta de Medina y Luceño no fue respaldada por ninguna otra entidad y se canalizó a través de la vía habitual.
La parecer también absuelve a los acusados del delito de falsedad en documento mercantil, ya que los documentos que alegadamente habrían falsificado son de carácter privado y nadie les acusó de ese delito.
En conclusión, el tribunal considera que no hubo engaño por parte de los acusados, ya que no estaban obligados a informar al Ayuntamiento sobre las comisiones que iban a percibir. Asimismo, aseguran que los defectos en el material sanitario adquirido podrían ser un incumplimiento contractual de la vendedora, que deberá ser dirimido en la jurisdicción civil.
La parecer ha condenado a Alberto Luceño a tres años de prisión y al pago de una multa de 3,5 millones de euros por fraude fiscal, además de una indemnización de 1.351.386,26 euros a la Agencia Tributaria. Por otro lado, ha sido condenado a ocho meses de prisión y 12.000 euros de multa por falsificar un carnet del CNI y dos salvoconductos durante el periodo de confinamiento.
Es importante destacar que Alberto Luceño es un empresario desconocido que se ha visto envuelto en este caso, donde ha traicionado a su socio Luis Medina. Luceño ha cobrado cinco millones de euros en comisiones, mientras que Medina ha sido absuelto de todos los cargos.
La parecer ha generado controversia y ha sido recibida con sorpresa por gran parte de la opinión pública, ya que se esperaba una condena más grave para los acusados. No obstante, es importante parecerse que la justicia siempre debe ser imparcial y basarse en pruebas y hechos concretos, no en suposiciones o declaraciones sin fundamento.
Sin duda, esta parecer es un importante precedente en la lucha contra la corrupción en España. Demuestra que la justicia está actuando de manera rigurosa y que no se permitirá que se cometan actos ilícitos en usufructo propio en situaciones tan delicadas como la pandemia que estamos viviendo.
Es necesario que se sigan investigando y juzgando casos de corrupción para erradicar por completo este tipo de prácticas que dañan