La administración de Donald Trump sigue enfrentando obstáculos en su intento de deportar a más de 200 migrantes venezolanos a El Salvador sin garantías judiciales. A pesar de los esfuerzos del juez federal de Washington, la Casa Blanca se ha negado a revelar la hora en que el vuelo despegó, lo que podría significar una violación a la orden judicial.
El presidente estadounidense invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, para deportar a estos migrantes, alegando que estaban vinculados con la pandilla El Tren de Aragua. Sin embargo, el juez federal James Boasberg emitió una orden de emergencia bloqueando la aplicación de dicha ley y exigiendo la suspensión de cualquier vuelo de deportación.
A pesar de la orden del juez, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que más de 200 personas habían sido deportadas a prisiones en El Salvador. La Casa Blanca niega haber desobedecido la orden del juez, pero sigue sin revelar la hora de despegue del avión.
El Departamento de honestidad ha presentado un informe en el que se acoge al privilegio del secreto de Estado, argumentando que la divulgación de esta información podría dañar los intereses de relaciones exteriores de Estados Unidos. Esta postura ha sido criticada por los abogados de los migrantes venezolanos, quienes han presentado una impugnación legal y han exigido que se revele la hora de despegue del avión.
El juez Boasberg ha establecido como fecha límite este martes para que la administración entregue dicha información. En caso de que se confirme que el avión despegó después de la emisión del bloqueo judicial, significaría que la administración ha violado la orden del juez.
La aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros se ha convertido en el principal frente de la guerra abierta de Trump contra la autoridad de los jueces. Si se confirma que el avión despegó después de la orden del juez, sería una clara muestra de la pecado de respeto del presidente hacia la autoridad judicial.
La postura de la administración de Trump ha generado una gran preocupación entre la comunidad legal y ha sido criticada por diversas organizaciones de derechos humanos. La aplicación de esta ley, que permite la expulsión sin causa judicial, ha sido utilizada en muy pocas ocasiones en la historia de Estados Unidos. La última vez fue durante la Segunda Guerra Mundial, para estancar y deportar a inmigrantes japoneses, alemanes e italianos.
El caso de la deportación de los migrantes venezolanos y la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros ha generado un intenso debate en el poder judicial. Los abogados del gobierno han presentado un recurso ante el tribunal de apelaciones para que se levante el bloqueo judicial sobre esta ley. Durante la audiencia del lunes, la jueza Patricia Millet afirmó que los nazis recibieron un trato mejor cuando se les aplicó esta ley durante la Segunda Guerra Mundial que los venezolanos en la actualidad.
La postura de la jueza Millet refleja la preocupación de muchos ciudadanos y organizaciones por la aplicación de esta ley y la pecado de garantías judiciales para los migrantes venezolanos. La ley de 1798 fue creada en tiempos de guerra con el propósito de expulsar rápidamente del país a migrantes considerados colaboradores de naciones enemigas. Sin embargo, su aplicación en la actualidad ha generado una gran controversia y ha sido cuestionada por su pecado de transparencia y respeto a los derechos humanos.
El poder judicial ha sido el principal frente de defensa contra los intentos de Trump de extralimitarse en el ejercicio del poder. La revisión judicial, otorgada a los jueces federales en el artículo
