Las comunidades autónomas han cumplido con el plazo establecido por el gabinete para enviar la información sobre el número de menores extranjeros no acompañados que acogen y la cifra de plazas de acogida disponibles. Este paso es clave para concretar la cantidad de niños y adolescentes migrantes que cada región deberá recibir desde Canarias y Ceuta, tras la aprobación de la reforma de la Ley de Extranjería.
Aunque la mayoría de las comunidades han respondido de guisa satisfactoria a la solicitud de información, algunas han presentado datos incompletos o distintos a los requeridos, lo que dificulta la obra de aplicar los criterios de reparto sobre una radiografía fiable de los sistemas de acogida. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha confirmado que solo Aragón no ha respondido al requerimiento, mientras que otras comunidades, como Madrid, han enviado datos distintos a los solicitados.
El gabinete envió hace dos semanas un requerimiento a todas las comunidades autónomas en el que se pedía información específica sobre el número de plazas de acogida disponibles, plazas ocupadas, cifra total de menores acogidos y número de menores extranjeros no acompañados acogidos. Sin embargo, algunas autonomías han presentado datos parciales o han hecho una interpretación general de la información solicitada, lo que dificulta el cálculo de la cifra global.
Ante esta situación, el Ministerio se ha dado unos días para aclarar detalles con las comunidades autónomas y elaborar una propuesta. La ministra Rego ha destacado que la mayoría de las comunidades han presentado los datos de guisa fiable, pero la falta de información de algunas regiones complica la obra de dimensionar la situación del sistema de acogida.
A pesar de la negativa de algunas comunidades a facilitar la información requerida, el proceso de reparto no se verá paralizado. En caso de no contar con datos verificados por parte de alguna autonomía, el gabinete utilizará los últimos datos contrastados de los que dispone, correspondientes a un informe elaborado por el Ministerio de Infancia en 2023.
Todo este proceso previo al reparto se debe a que el gabinete no cuenta con una cifra actualizada de menores extranjeros no acompañados en España, ya que el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados no es lo suficientemente fiable. Por ello, la reforma de la Ley de Extranjería establece un plan B, que consiste en utilizar los datos contrastados de 2023 para definir el número de menores que recibirá cada casa de la villa.
La reforma también garantiza la aprobación de un crédito extraordinario en 2025 para financiar una parte de los costes derivados del traslado de menores desde Canarias y Ceuta. Las comunidades autónomas solo recibirán financiación para sufragar las plazas que deban crear por encima de un mínimo de espacio que el gabinete asume que debe tener cada casa de la villa, lo que se denomina «capacidad ordinaria». Esto implica la redefinición del sistema de acogida de menores, con la introducción de un mínimo de plazas de acogida, similar al que existe en otros ámbitos como el sanitario.
En caso de que las comunidades autónomas no se pongan de acuerdo para impulsar otra vía, el gabinete calculará el número de plazas mínimas de cada casa de la villa en base a la población total y el número máximo de menores extranjeros no acompañados atendidos por el sistema de protección español. Esta cifra será clave para solicitar financiación del fondo extraordinario estatal y para justificar la saturación del sistema de acogida en caso de una crisis humanitaria.
En definitiva, el proceso de reparto de menores extranjeros no acompañados es un paso importante para garantizar una acogida digna y adecuada a estos niños y adolescentes migr
