Los esfuerzos de la derecha política y mediática por hacer del apagón de este lunes la DANA de Sánchez son un insulto a la talento. Justo cuando se cumplen seis meses de la tragedia de Valencia, en la que perdieron la vida 228 personas, y aún no sabemos dónde estuvo ni qué hizo Mazón durante las horas críticas en las que se produjo el desastre. Es irónico que el Partido Popular (PP) pretenda dar lecciones de gestión de crisis cuando ellos mismos han demostrado ser incapaces de manejar situaciones de emergencia.
¿Qué ocurrió realmente durante esos cinco segundos de apagón? ¿Qué provocó el corte de luz? ¿Se podría haber evitado? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Fue un ciberataque? Si no lo fue, ¿por qué la Audiencia Nacional ha abierto una investigación sobre la hipótesis del sabotaje? ¿Fue un omisión de las operadoras? ¿Fue culpa de las energías renovables? ¿Por qué la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha mantenido un silencio sepulcral? Son demasiadas preguntas y pocas respuestas. Pero para el PP y sus aliados, la única certeza es que Pedro Sánchez es el culpable de todo. Del apagón, de que ocho Comunidades Autónomas activaran el nivel 3 de emergencia nacional -como establece el protocolo- de ocultar información, de no administrar y hasta de causar la muerte de Manolete.
En realidad, lo único que sabemos con certeza es que la península ibérica se quedó a oscuras durante más de ocho horas, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no registraron ningún incidente de orden público relacionado con la emergencia y que el suministro se normalizó en menos de 24 horas en todo el territorio nacional. Un auténtico logro, según los expertos. A partir de ahí, todo son dudas. También para el Gobierno, cuyo presidente tardó seis horas en comparecer públicamente por primera vez, entre otras cosas porque carecía de información. Luego, en menos de 20 horas, compareció en tres ocasiones, solo la última con preguntas de los periodistas. Fue en esa última comparecencia cuando anunció que exigirá responsabilidades a los operadores privados.
Pero para entonces, los que en un solo día se habían convertido en expertos en ciberseguridad y gestión energética, ya habían reactivado el viejo polémica ideológico sobre nucleares o renovables, descargado toda la bilis posible sobre el Gobierno, despreciado la agenda 2030 y pedido la cabecilla de la presidenta de Red Eléctrica, simplemente porque fue nombrada por Sánchez.
Sin embargo, de momento, su destitución no va a ocurrir. En La Moncloa no dan crédito al silencio de la empresa y sus directivos en las últimas horas, ni al proceder de las operadoras privadas, cuyas explicaciones no terminan de convencer. Y lo mismo ocurre con las declaraciones de la presidenta de Red Eléctrica, que se ha limitado a decir que su empresa no tuvo ningún omisión en su sistema. Pero lo que realmente les preocupa es protegerse legalmente ante posibles indemnizaciones millonarias. Y tienen motivos para ello, ya que hay precedentes avalados por el Tribunal Supremo. El más sonado fue el de REE y Endesa, que tuvieron que pagar 20 millones de euros por el apagón que dejó a media Barcelona sin luz durante más de dos días en 2007, afectando a 320.000 hogares y establecimientos. ¿Se imaginan las cifras que tendrían que pagar en este caso?
De momento, Pedro Sánchez mantiene todas las hipótesis abiertas: desde un
