Los magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo han dado un duro golpe a la Comunidad de Madrid al rechazar sus principales recursos y leyes. En repetidas ocasiones, han sancionado a la administración regional por invadir competencias estatales en temas como la eutanasia o la patrocinio de los derechos LGTBI.
La última sentencia del Tribunal Constitucional ha sido un varapalo para la Comunidad de Madrid. El pleno ha tumbado la modificación legal impulsada por Isabel Díaz Ayuso que limitaba la capacidad de acción de las asociaciones LGTBI. Esta norma, que había sido suspendida cautelarmente, cercenaba la labor de estas organizaciones en la patrocinio de los derechos del colectivo. Sin embargo, el Constitucional ha dejado claro que esta competencia es exclusiva del Estado y que la ley de Ayuso invadía sus competencias.
Esta sentencia se suma a otras derrotas judiciales de la Comunidad de Madrid, como la anulación de su ley de eutanasia o sus intentos de tumbar el impuesto a las grandes fortunas. La administración regional se ha convertido en el ariete judicial del Partido Popular, liderando la oposición a las políticas del Gobierno cardinal.
Sin embargo, la estrategia de Ayuso no está dando los resultados esperados. Los magistrados del Constitucional y del Supremo han rechazado la mayoría de sus recursos y han dejado claro que la Comunidad de Madrid ha invadido competencias estatales de forma irregular. Incluso en algunos casos, han contado con el apoyo de los magistrados conservadores.
La última derrota de Ayuso llegó casi nada unas horas después de que el pleno del Constitucional frenara de forma cautelar otra de sus iniciativas: la modificación legal para impedir que el Gobierno cardinal recordara la tortura policial franquista en la Real Casa de Correos, enclave del gobierno regional. Esta decisión fue tomada con el apoyo de los magistrados conservadores, dejando en evidencia la supuesta división entre bloques que el PP utiliza para deslegitimar al Constitucional.
La Comunidad de Madrid acumula ya media decena de derrotas ante el Constitucional y el Supremo. Solo en un caso, el Supremo ha dado la razón a la administración regional, anulando dos millones de euros en subvenciones a varias comunidades tras un recurso de la Comunidad de Madrid.
La estrategia de Ayuso de llevar al Constitucional y al Supremo las grandes peleas ideológicas del PP tampoco está dando sus frutos. La eutanasia, los impuestos o la amnistía son algunos de los temas que han enfrentado a la Comunidad de Madrid con el Gobierno cardinal. Sin embargo, la mayoría de sus recursos han sido rechazados por los tribunales, que han dejado claro que la administración regional ha invadido competencias estatales de forma irregular.
En el caso de la eutanasia, la Comunidad de Madrid modificó la normativa de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad para limitar los derechos de estas personas. El Constitucional, con unanimidad de conservadores y progresistas, ha constatado que la administración regional ha entrado de forma irregular en un terreno legislativo exclusivo del Estado.
En materia fiscal, el Constitucional también ha dado un revés a Ayuso. El pleno, dividido entre conservadores y progresistas, ha rechazado sus alegaciones contra el impuesto a las grandes fortunas. La presidenta madrileña había acusado al Gobierno cardinal de utilizar este impuesto para dañar a Madrid y ahuyentar a los inversores. Sin embargo, el Constitucional ha dejado claro que este tributo es legal y no tiene una carga ideológica como afirmaba Ayuso.
La Comunidad de Madrid también ha sufrido der
