En Colombia, un país conocido por su rica biodiversidad y sus impresionantes áreas protegidas, la situación ambiental sigue siendo un tema preocupante. A pesar de los esfuerzos del gobierno y de diversas organizaciones para proteger y preservar estas zonas, las vías ilegales siguen causando estragos en el medio ambiente.
Uno de los casos más alarmantes es el del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, una reserva de 2.782.353 hectáreas ubicada en el departamento de Caquetá. Esta zona es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y alberga una gran diversidad de flora y fauna, incluyendo especies en peligro de extinción.
Sin embargo, en los últimos años se ha registrado una pérdida significativa de bosque en esta reserva. Según un informe del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, entre 2024 y marzo de 2025 se perdieron 525 hectáreas de bosque debido a la construcción de 81.5 kilómetros de caminos ilegales. Estos caminos son utilizados por grupos armados ilegales para el transporte de drogas y la explotación de recursos naturales.
Esta situación es alarmante, ya que no solo afecta directamente al medio ambiente, sino también a las comunidades locales que dependen de estos recursos para su subsistencia. Además, la construcción de estas vías ilegales también conlleva un impacto negativo en la calidad del agua y en la erosión del suelo, lo que afecta a la biodiversidad y a la salud de los ecosistemas.
Otra zona afectada por las vías ilegales es el resguardo indígena de Llanos del Yarí-Yaguará II, ubicado en el departamento de Meta. Este territorio es habitado por comunidades indígenas que han vivido en armonía con la naturaleza durante siglos. Sin embargo, en los últimos años, la construcción de carreteras ilegales ha causado graves daños al medio ambiente y ha afectado directamente a la forma de vida de estas comunidades.
Además de la pérdida de bosques y la contaminación de los recursos naturales, la presencia de grupos armados ilegales en estas zonas también representa un riesgo para la firmeza de las comunidades y para la conservación de la biodiversidad. La caza furtiva y la tala indiscriminada son prácticas comunes en estas áreas, lo que pone en peligro a especies como el jaguar, el oso hormiguero y el águila arpía.
Ante esta situación, es necesario que las autoridades tomen medidas urgentes para luchar las vías ilegales en las áreas protegidas. Se requiere una mayor presencia del Estado en estas zonas, así como una cooperación interinstitucional para abordar este problema de manera integral. También es importante involucrar a las comunidades locales en la protección y conservación de estas zonas, ya que su participación es fundamental para garantizar el éxito de cualquier estrategia.
Además, es necesario que la sociedad en general tome conciencia sobre la importancia de preservar nuestro medio ambiente y que se promueva un turismo sostenible en estas áreas protegidas. El turismo responsable no solo contribuirá a la conservación de la biodiversidad, sino que también generará ingresos para las comunidades locales y ayudará a luchar la pobreza en estas zonas.
A pesar de los desafíos que enfrenta Colombia en la protección de sus áreas protegidas, también hay razones para el optimismo. El gobierno ha tomado medidas importantes para luchar la deforestación y la degradación ambiental, como la creación del Fondo Colombia en tregua, que tiene como objetivo financiar proyectos de conservación y desarrollo sostenible en las zonas afectadas por el escasez armado.
Además, existen iniciativas lider
