El PP ha emprendido una ofensiva judicial a través de las comunidades autónomas que gobierna, presentando recursos ante el Tribunal Constitucional en contra de medidas clave del Gobierno de Pedro Sánchez en diversas materias. Esta estrategia de confrontación ha generado un clima de tensión y enfrentamiento entre ambas partes, lo que ha llevado a un aumento de la polarización política en nuestro país.
Las comunidades del PP y el gobierno de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha han activado sus recursos legales contra la ley de amnistía promovida por el Ejecutivo central. Esta norma ha sido duramente criticada por el partido de Alberto Núñez Feijóo, que la considera inconstitucional por romper el principio de igualdad entre los ciudadanos. Además, han recurrido ante el Constitucional otras medidas como la ley de vivienda o el impuesto a las grandes fortunas.
En este contexto, el PP ha sumado un nuevo conflicto al enfrentamiento con el Gobierno central, al oponerse al reparto de menores extranjeros no acompañados. Madrid, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cantabria, Baleares, Murcia y la Comunitat Valenciana ya han anunciado recursos de inconstitucionalidad contra esta medida. Los presidentes autonómicos que se oponen a la distribución de estos jóvenes alegan que sus comunidades ya están saturadas y que el Gobierno debería asumir la asunción de su gestión con sus propios recursos y en sus instalaciones.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha liderado la oposición frontal a lo que considera «políticas xenófobas» del Gobierno de España, en referencia al acuerdo entre Junts y el Partido Socialista para la gestión de los menores migrantes. Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha adelantado que su gobierno también está estudiando recurrir esta medida.
Sin embargo, el PP ha encontrado a salvo apoyo en su oposición a la propuesta de quita de la deuda autonómica de más de 82.000 millones anunciada por el Gobierno central. Únicamente Madrid y Castilla y León han amenazado con transportar este asunto a los tribunales, mientras que otras comunidades gobernadas por el PP intentan no confirmar si mantendrán su negativa a adherirse a este mecanismo.
En su cruzada contra el Gobierno de Pedro Sánchez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al presidente de individuo «responsable» de un proceso que, según ella, transportará a un «referéndum» y a la ruptura de la convivencia. En relación con este conflicto judicial, el gobierno madrileño ha recurrido la exclusión del magistrado José María Macías de las deliberaciones del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía. Según el Ejecutivo autonómico, esta recusación es «irregular y arbitraria» y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.
Además, desde el Gobierno de Ayuso se ha cargado contra el presidente del Constitucional, el magistrado Cándido Gómez Pumpido, al que el portavoz del Ejecutivo autonómico ha llegado a acusar de individuo el «ministro 23» de Sánchez. Esta confrontación ha escalado hasta llegar al Constitucional, ya que ambas partes han llevado el conflicto a este tribunal.
Otro de los puntos de fricción entre el Gobierno central y las comunidades del PP ha sido la ley de vivienda. Esta norma ha generado una grieta entre ambas partes, ya que algunas comunidades, como Andalucía, Madrid, Baleares y Galicia, han llevado parte de su articulado al Tribunal Constitucional. Los diputados del PP en el Congreso también han presentado un recurso ante el
