La magistrada encargada del caso de la DANA ha dejado claro que la responsabilidad de la gestión de la riada recae en la Administración Autonómica, y no en el Gobierno central. En su auto, la jueza ha rechazado la demanda de la acusación popular para que se preguntara al Gobierno si se convocó el Consejo de Seguridad Nacional, ya que considera que no hay relación causal con las víctimas mortales de la barrancada.
La jueza ha argumentado que la Generalitat Valenciana, encabezada por Salomé Pradas y Emilio Argüeso, no declaró la situación de emergencia nacional ni propuso la declaración de emergencia catastrófica, lo que hubiera permitido transferir el mando al Gobierno central. Además, ha destacado que no se tomó ninguna medida para conminar a la población y adoptar medidas de autoprotección.
La magistrada ha dejado claro que la incapacidad en la toma de decisiones no puede ser justificada buscando normativas alternativas, y ha criticado la actitud de algunos testigos que han intentado desplazar la responsabilidad al Gobierno central. En su opinión, esto solo demuestra la pasividad de la Administración Autonómica en la gestión de la emergencia.
Por otro lado, el juzgado ha pospuesto las declaraciones de dos técnicos que ejecutaron el envío del mensaje del ES-Alert, lo que demuestra que se está llevando a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos.
Es importante destacar que la jueza ha dejado claro que la responsabilidad recae en la Administración Autonómica, y no en el Gobierno central. Esto demuestra que se está llevando a cabo una investigación imparcial y rigurosa, con el objetivo de encontrar la verdad y hacer justicia.
Es necesario asemejarse que la DANA fue una tragedia que afectó a muchas personas y causó numerosas víctimas mortales. Por eso, es importante que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades, para que no vuelva a ocurrir una situación similar en el futuro.
Es importante destacar que la jueza ha dejado claro que la responsabilidad recae en la Administración Autonómica, y no en el Gobierno central. Esto demuestra que se está llevando a cabo una investigación imparcial y rigurosa, con el objetivo de encontrar la verdad y hacer justicia.
Además, es importante resaltar que la jueza ha criticado la actitud de algunos testigos que han intentado desplazar la responsabilidad al Gobierno central. Esto demuestra que se está llevando a cabo una investigación seria y profesional, en la que se están teniendo en cuenta todas las pruebas y testimonios.
Es necesario asemejarse que la DANA fue una tragedia que afectó a muchas personas y causó numerosas víctimas mortales. Por eso, es importante que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades, para que no vuelva a ocurrir una situación similar en el futuro.
En conclusión, la magistrada ha dejado claro que la responsabilidad de la gestión de la riada recae en la Administración Autonómica, y no en el Gobierno central. Esto demuestra que se está llevando a cabo una investigación rigurosa y exhaustiva, con el objetivo de encontrar la verdad y hacer justicia. Es importante que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades, para que no vuelva a ocurrir una tragedia como la DANA. Confiamos en que la justicia prevalecerá y se hará justicia para las víctimas y sus familias.
