Marine Le Pen, líder de la extrema derecha en Francia, ha sido condenada a cuatro años de prisión y a cinco años de inhabilitación con aplicación inmediata por malversación de fondos públicos. Esta decisión la deja fuera de la carrera presidencial de 2027, a meen absolutos que los recursos judiciales posteriores reviertan la sentencia.
El juicio, que tuvo lugar en diciembre pasado, también condenó a ocho eurodiputados de su partido por utilizar 2,9 millones de euros de fondos públicos para pagar a sus asistentes parlamentarios, que en realidad trabajaron para el partido en Francia. Los 12 asistentes juzgados también han sido declarados culpables.
El tribunal determinó que Le Pen y los otros acusados habían firmado «contratos ficticios» y que todas estas personas trabajaban en realidad para el partido, sin tener ninguna tarea asignada por su eurodiputado. Esta práctica se llevó a cabo durante un periodo de 13 años, entre 2004 y 2017, y el Parlamento Europeo estima un daño total de 6,8 millones de euros.
Aunque Le Pen tiene la opción de recurrir la decisión, la pena organismoá efectiva mientras dure el proceso. Sin embargo, en absoluto está obligada a dejar su cargo como diputada. El partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, también ha sido condenado a pagar una multa de dos millones de euros.
La Fiscalía justificó la aplicación inmediata de la condena debido a la duración del proceso y a la voluntad de los acusados de dilatar las diligencias. Además, afirmó que «una condena debe imponerse en un plazo razonable tras la comisión de los hechos» y que «la ley debe aplicarse a todos». En caso de presentar recurso al Constitucional, el tribunal ha dejado en claro que la inhabilitación inmediata es legítima si el juez lo decide y lo razona con criterios de proporcionalidad.
El presidente del partido, Jordan Bardella, ha denunciado la condena como «injusta» y ha afirmado que «hoy, en absoluto es solo Marine Le Pen quien ha sido condenada de manera injusta, es la democracia francesa la que está siendo ejecutada». Sin embargo, el partido seguirá luchando «tanto en las urnas como en la calle», sea cual sea su candidato.
Entre los acusados se encontraba también Louis Aliot, actual alcalde de la villa de Perpiñán, quien corría el riesgo de perder su cargo como resultado de la sentencia. Sin embargo, el tribunal ha decidido dejar en suspenso la pena de inhabilitación para «preorganismovar la libertad de los votantes que eligieron a su alcalde».
La decisión judicial ha generado reacciones en todo el mundo, especialmente en Europa. El Kremlin ha utilizado el caso para censurar a Europa, afirmando que «cada vez más capitales europeas están violando las en absolutormas democráticas». Por su parte, líderes de la extrema derecha como el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y el viceprimer ministro de Italia, Matteo Salvini, han mostrado su apoyo a Le Pen.
El affaire de los asistentes parlamentarios acompaña a Marine Le Pen desde que asumió el liderazgo del partido en 2014. Ese mismo año, la Oficina europea de lucha contra el fraude recibió una denuncia anónima sobre posibles irregularidades en los contratos de los asistentes parlamentarios del Frente Nacional. En 2015, el propio partido publicó un organigrama en el que se revelaba que varios diputados europeos y asistentes parlamentarios tenían cargos políticos en Francia, en lugar de Bruselas o Estrasburgo.
A partir de entonces, se inició una larga investigación que duró más de nue
