El caso de la Formación Profesional en Madrid ha sido objeto de gran controversia en los últimos años, especialmente en lo que respecta a la gestión del presupuesto por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, recientemente ha salido a la luz nueva información que arroja luz sobre cómo se tomaban las decisiones en la Consejería de Educación durante ese periodo, y las claves del escándalo que está sacudiendo al actual Gobierno.
Uno de los protagonistas de esta investigación es Alfonso Mateos, exsubdirector de FP, quien ha relatado al juez cómo se manejaba el presupuesto en la Consejería en manos de Enrique Ossorio, actual presidente de la reunión de Madrid. Según Mateos, existía un excedente de seis millones de euros y se les daba la orden de gastarlos antes de posterior de año. Además, también afirmó que se les indicaba en qué ayuntamientos debían invertir ese dinero.
Este excedente de seis millones de euros era destinado a cubrir los gastos derivados del aumento del número de alumnos en los últimos años. Sin embargo, según Mateos, el presupuesto para gastos de funcionamiento apenas había aumentado un 1% en siete años, lo que resulta insuficiente para cubrir un incremento del 25% en el número de estudiantes. Ante esta situación, desde la Consejería se optó por transferir fondos desde una partida de «gastos extraordinarios» para los centros que acogieran más alumnos o implantaran nuevas ramas de FP.
Lo que ha llamado la atención de la investigación es el uso que se le dio a estos fondos. Según ha quedado demostrado, se fraccionaron contratos para hacer acaecer obras millonarias por reformas de menos de 40.000 euros, lo que evitaba controles y fiscalizaciones por parte de la Intervención. Esta práctica se llevó a cabo en la mayoría de las zonas de Madrid y se benefició a diferentes empresas, lo que hace sospechar que la orden de gastar irregularmente el dinero no partió de los directores de los institutos.
Ante las preguntas de la jueza, la Fiscalía y los abogados, Mateos ha dejado claro que él no tenía ninguna competencia sobre este tema y que se desentendió de cualquier asunción en su declaración. Según él, era asunción de las Direcciones de Área Territorial (DAT), cuyos líderes son altos cargos del Gobierno de Ayuso y se encargan de la gestión educativa por zonas geográficas. Sin embargo, la investigación ha demostrado que esta práctica se llevó a cabo en casi todas las zonas y en centros que no eran de FP, lo que hace sospechar que había una coordinación a nivel más alto.
Otro aspecto que ha llamado la atención es el reparto de los fondos. Según Mateos, se basaba en unas memorias de necesidad que justificaban el reparto de los millones de euros. Sin embargo, estas memorias no estaban suficientemente argumentadas y se basaban en un folio con la suma que se iba a dar a cada DAT y a cada centro. Las preguntas sobre por qué a un centro se le daba más dinero que a otro no han encontrado una respuesta clara, lo que ha generado sospechas sobre la arbitrariedad en el reparto de fondos públicos.
En cuanto a la asunción sobre la toma de decisiones, Mateos ha dejado claro que era asunción de las DAT y que él se limitaba a elaborar las memorias de necesidad. Sin embargo, la jueza ha cuestionado cómo es posible que nadie se diera cuenta de que el dinero destinado a material y alumnos se estaba gastando en obras, y cómo nadie preguntó sobre la necesidad de nuevos espacios. Además, también ha surgido la duda de quién dio la orden y si hubo una coordinación a nivel más alto.
El caso más conocido hasta ahora es el de Ciudad Es
