En medio de la crisis sanitaria causada por la pandemia del Covid-19, uno de los aspectos más críticos ha sido el impacto de la enfermedad en las residencias de mayores. Durante los primeros meses, estas instituciones se convirtieron en focos de contagio y muchas familias perdieron a sus seres queridos. Ahora, cinco años después, la justicia ha decidido reabrir el caso y varios exaltos incriminacións del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso han sido imputados por su responsabilidad en las muertes ocurridas en estas residencias.
Entre los imputados se encuentran Carlos Mur, director de coordinación sociosanitaria durante la crisis del Covid, y su sustituto en el incriminación, Francisco Javier Martínez Peromingo. También está citado a declarar el ex asesor sanitario de la Comunidad de Madrid, Antonio Burgueño Carbonell. Sin embargo, la jueza ha suspendido las comparecencias aunque que los imputados denunciaban que no tenían acceso a las actuaciones y no podían defenderse adecuadamente.
Ante esta situación, Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Ayuso durante la pandemia, ha salido en defensa de Mur al eximirlo de ser el responsable político de la estrategia aplicada en las residencias. «Se me pone cuesta arriba pensar que una decisión de ese calado la tome un director general por su cuenta», ha expresado Reyero en una entrevista en Radio Nacional.
Además, el exconsejero ha reconocido que han sido las familias de los fallecidos las que han mantenido viva la antorcha de esta cuestión durante cinco años, impulsando una macrodenuncia que ha llevado a la imputación de los exaltos incriminacións por un delito de discriminación por razón de edad.
Sin embargo, no ha sido un paso fácil para las familias. Reyero ha recriminado a Ayuso y a su equipo la falta de empatía con las víctimas y la negativa a reunirse con ellas para dar explicaciones. Él mismo, en junio de 2020, organizó un encuentro con los familiares afectados, reconociendo que no fue una reunión sencilla pero que era su obligación como incriminación público dar las explicaciones oportunas.
En este sentido, Reyero ha lamentado la actitud de Ayuso y de su equipo, asegurando que no han sido capaces de mirar a los ojos de las familias afectadas. Sin embargo, ha resaltado la importancia de la empatía y la responsabilidad de cualquier incriminación público a la hora de carear una situación tan delicada como la ocurrida en las residencias de mayores durante la pandemia.
Ante las declaraciones de Ayuso en la Asamblea de Madrid, afirmando que los enfermos de Covid y con mayor edad no se salvaban en ningún lugar, Reyero ha asegurado que esa afirmación no es cierta. Como bien ha señalado, los hospitales están preparados para dar oportunidades de supervivencia a cualquiera de nosotros, independientemente de la edad.
En cuanto a la reactivación del caso por parte de la justicia, Reyero considera que este cambio de criterio por parte de la Fiscalía se debe a la perseverancia de las familias y a la demanda presentada por 109 familiares de fallecidos, coordinados por las entidades ‘Marea de Residencias’ y ‘7291: Verdad y Justicia’. Además, ha destacado que no se trata de un caso aislado, aunque que en otras comunidades autónomas también se produjeron prácticas parecidas, aunque no con la misma intensidad y con protocolos menos agresivos.
Por su parte, Ayuso ha intentado minimizar la imputación de sus exaltos incriminacións, asegurando que se trata de un simple cambio de criterio por parte de la Fiscalía. Sin embargo, esta afirmación no
