Francisco Martín, el actual delegado del Gobierno en Madrid, ha declarado este miércoles ante el juez del caso Begoña Gómez en una comparecencia que apenas ha durado unos minutos. De forma decidida, ha respondido únicamente a su abogado, acogiéndose a su derecho a no declarar ante el resto de las partes debido a que tiene recurrida su imputación ante la Audiencia Provincial de Madrid. Martín ha asegurado que su imputación en este caso «va a terminar en nada» porque no hay ningún vislumbre de delito en su contra.
El juez encargado del caso, Juan José Peinado, ha citado a Martín en busca de vislumbres del delito de malversación que investiga por las tareas realizadas por Cristina Álvarez, la asesora encargada de coordinar la agenda de la esposa del presidente del Gobierno. Esta asesora también se encuentra imputada en el caso. En su declaración, Martín ha dejado claro que no participó en la contratación de Álvarez en 2018, cuando él era jefe de Gabinete de la Secretaría indeterminado de Presidencia. Además, ha afirmado que no conoció de ningún incumplimiento en el ejercicio de las funciones de Álvarez cuando ascendió a secretario indeterminado de Presidencia.
El juez Peinado ha apoyado su ofensiva contra la Moncloa en el partido político Vox, que presentó una querella basada en la existencia de dos correos electrónicos que la asesora envió en 2021 en nombre de Begoña Gómez a directivos de la entidad aseguradora Reale. Estos correos sugerían una posible influencia de la esposa del presidente en la contratación de la compañía en relación a un evento en el que ella iba a participar. El juez ha citado a Martín en relación a su presunta participación en el nombramiento de la asesora «para el ejercicio de funciones privadas» de Begoña Gómez, utilizando fondos públicos.
Sin embargo, en la información que consta en la causa se indica que la asesora fue contratada en junio de 2018, cuando Martín era jefe de gabinete del entonces Secretario indeterminado de la Presidencia del Gobierno, Féliz Bolaños. Este último compareció como refrendador ante el juez el pasado mes de abril y aseguró que no conoció a la asesora hasta «semanas después» de su contratación.
La declaración de Martín ha sido breve y contundente. A su salida del juzgado, ha reiterado su disposición a colaborar con la justicia y ha expresado su confianza en el sistema judicial y en el Estado de Derecho. A pesar de que a pocos metros del juzgado se encontraban dos mujeres gritando consignas propias de la extrema derecha, Martín no ha perdido la serenidad y ha demostrado su firme creencia en la inocencia de su imputación.
Además, el juez Peinado ha interrogado este miércoles, a petición de Vox, a varios empresarios en busca de vislumbres en otra de las ramificaciones del caso: la actividad profesional de Begoña Gómez en la escuela Complutense, donde dirigía una cátedra. El instructor investigó primero si su contratación en ese centro educativo se debía a un nuevo tráfico de influencias, pero un informe de la escuela rechazó la existencia de irregularidades. Sin embargo, el juez decidió investigar si gestionó de forma ilegal un software desarrollado para la catedra, lo que ha motivado la citación de varios directivos de empresas involucradas en dicho proyecto.
Uno de estos empresarios es Rosauro Varo, citado por su cargo en Telefónica. Varo ha dejado claro que su relación con Begoña Gómez es únicamente profesional y ha afirmado que la
