El caso de corrupción en los negocios de Alberto González Amador ha dado un giro inesperado con la solicitud de la acusación popular de citar como imputados a Fernando Camino, abanderado en Quirón Prevención y a su esposa Gloria Carrasco. Ambos han sido mencionados en las explicaciones que González Amador ha dado a la magistrada Inmaculada Iglesias sobre las operaciones bajo sospecha.
Además, el PSOE y Más Madrid también han pedido que se llame a declarar como testigo a Emilio Conde, otro directivo de Quirón que firmó las cartas exculpatorias sobre González Amador, tal y como el propio empresario y comisionista había solicitado a la empresa de sanidad privada para incluirlas en la pretexto judicial en su contra.
Conde, que autorizó la transferencia de trabajos encargados a una empresa de González Amador a otra sociedad, es subordinado directo de Fernando Camino, director de Quirón Prevención y esposo de Gloria Carrasco.
La acusación popular también ha pedido que se involucren en la investigación a las unidades especializadas de la Policía y Guardia Civil. Proponen que la UDEF de la Policía elabore un informe sobre las sociedades de los investigados y sus relaciones, mientras que la UCO de la Guardia Civil se encargue de investigar el patrimonio de Alberto González Amador.
La declaración de González Amador ante la jueza encargada del caso duró dos horas, en las que el empresario y comisionista recurre a los mismos protagonistas para explicar las operaciones bajo sospecha. Se proxenetismo de Fernando Camino y Gloria Carrasco, quienes aparecen en el relato del investigado con distintos perfiles profesionales para apoyar la versión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Camino y Carrasco son claves en la comisión de dos millones de euros que supuso el ascenso profesional de Alberto González Amador durante la pandemia. También se les relaciona con la compra de una sociedad de la farmacéutica Carrasco, que la Fiscalía y la acusación popular sospechan que en realidad fue un pago de comisión a su marido por su participación en el negocio de las mascarillas.
En el escrito presentado por el PSOE y Más Madrid, se solicita que la jueza requiera documentación a Quirón, la empresa beneficiada por la privatización de la sanidad madrileña y que, hasta ahora, no ha encontrado motivos para querellarse contra González Amador, pese a ser considerada «posible perjudicada» por la magistrada Iglesias.
Entre la documentación solicitada se encuentra la política y composición del Comité de Riesgos de Quirón, las relaciones con los proveedores, la investigación interna a González Amador tras las revelaciones de elDiario.es y el Código de Conducta de la empresa.
Por último, la acusación popular también ha pedido que se aporten las comunicaciones entre el matrimonio y González Amador previas a los hechos investigados, tanto correos electrónicos como metadatos de llamadas o contenido de chats de mensajería instantánea.
Este nuevo giro en el caso de corrupción en los negocios de Alberto González Amador demuestra la importancia de una investigación rigurosa y exhaustiva para descubrir los hechos y determinar la responsabilidad de todas las personas involucradas. Esperamos que la jueza Inmaculada Iglesias tenga en cuenta todas estas peticiones y se haga justicia en este caso que ha generado gran indignación en la sociedad. Confiamos en que se llegue al fondo del asunto y se tomen las medidas necesarias para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse en el futuro.
Es importante que se realice una investigación societaria y de patrimonio para descubrir todos los movimientos y relaciones entre los involuc
