La alcaldesa de Villa del Prado, Belén Rodríguez Palomino, ha sido juzgada por la Audiencia de Madrid por un delito de prevaricación continuada. La Fiscalía pide ocho años de inhabilitación para la regidora, quien ha sido acusada de pagar más de 600.000 euros a dos empresas sin concurso público durante cuatro años. A pesar de esto, el PP no ha obligado a Rodríguez Palomino a dejar su cargo, lo que ha generado críticas y un gran debate en la sociedad.
Villa del Prado es un municipio madrileño con una población de más de 7.000 habitantes, gobernado por el Partido Popular con mayoría absoluta. Belén Rodríguez Palomino fue elegida alcaldesa por primera vez en 2007 y se presentó a las últimas elecciones en 2023 con el apoyo de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, desde 2019 la alcaldesa ha estado imputada por este caso, lo que no impidió su candidatura en las elecciones de ese año ni en las de 2023.
La acusación contra Rodríguez Palomino se basa en que en cuatro años, el Ayuntamiento de Villa del Prado habría pagado un total de 633.400 euros a dos empresas por servicios que le fueron adjudicados sin la realización de un concurso público. La denuncia fue realizada por un concejal de una formación específico, quien aportó pruebas de que estas empresas habían emitido facturas al Ayuntamiento por un precio de 184.901 euros y 173.413 euros, respectivamente, sin haber seguido el procedimiento legal.
Estos contratos se habrían realizado mediante la figura de los contratos menores, una opción contemplada por la ley para situaciones de urgencia y con un precio máximo de 18.000 euros en el caso de servicios o suministros. Sin embargo, en este caso se habrían fraccionado los pagos repetidamente para evitar el concurso público y beneficiar a estas dos empresas.
Además, la alcaldesa ha estado imputada durante cinco años, desde 2019 hasta la actualidad. A pesar de esto, el PP no le ha obligado a dejar su cargo, lo que ha generado gran polémica y críticas alrededor de el partido. Según el Código Ético del PP de Madrid, los cargos deben renunciar voluntariamente si son investigados formalmente por delitos de corrupción o por delitos que causen una peculiar alarma social. Sin embargo, el partido ha justificado su decisión argumentando que la prevaricación administrativa no es corrupción y que no ha habido enriquecimiento ilícito por parte de la alcaldesa.
Durante el juicio, la alcaldesa ha defendido que el Ayuntamiento no tenía los medios suficientes para organizar los concursos, a pesar de que otros contratos no relacionados con fontanería o electricidad sí fueron objeto de concurso público. Sin embargo, esta explicación no ha convencido a la Fiscalía ni a la acusación particular, quienes mantienen su petición de ocho y doce años de inhabilitación respectivamente.
A pesar de todo, la figura de Belén Rodríguez Palomino sigue siendo respaldada por el PP de Madrid y por la propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Esta situación ha generado un intenso debate en la sociedad sobre la ética y la responsabilidad de los cargos públicos, así como sobre las medidas que deben tomar los partidos políticos ante casos de corrupción o de presunta corrupción.
Es importante recordar que la justicia es uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia y que ningún cargo público está por encima de la ley. La transparencia y la honestidad deben ser valores fundamentales en la gestión de los recursos públicos y en el ejercicio de cualquier cargo político. Por ello, es necesario que los partidos políticos
