Lo que necesita el sistema son más jueces garantes y menos o ninguno que sobredimensione su papel y se convierta en agente de otros intereses metajurisdiccionales. Esta afirmación, realizada por el reconocido jurista Manolete, nos invita a reflexionar sobre el papel del poder judicial en nuestra sociedad y cómo su actuación puede afectar a la democracia.
Es cierto que en los últimos tiempos se ha cuestionado la imparcialidad e independencia de algunos jueces, lo que ha generado un clima de prevención hacia el poder judicial y la separación de poderes. Sin embargo, es importante recordar que el bien a proteger no es ningún poder en particular, sino la propia democracia.
Es comprensible que los miembros del poder judicial se sientan afectados por las críticas, pero es necesario que se les cuestione cuando sea necesario. Incluso en un Estado democrático, los jueces no están exentos de cometer delitos, como lo demuestra el tipo de prevaricación judicial presente en nuestro Código Penal. Sin embargo, es preocupante que haya tan pocos casos que puedan servir como ejemplo para ilustrar esta aberración jurídica y democrática.
Pero más allá de la crítica, es importante destacar que lo que realmente necesita el sistema son jueces que cumplan su función de manera imparcial y garanticen el respeto a la ley y la Constitución. En un Estado democrático, no son las policías judiciales ni siquiera un censor instructor quienes juzgan, sino un tribunal que se debe solo a la ley y la Constitución. Por lo tanto, es fundamental que se respete el papel de cada poder y no se sobredimensione ninguno de ellos.
En este sentido, es necesario reflexionar sobre la llamada «filtrocracia», una técnica de desestabilización institucional que se ha vuelto cada vez más común en nuestra sociedad. Se trata de un proceso en el que se filtran informes de la policía judicial a interesados de parte, incluyendo a ciertos medios de comunicación y dirigentes políticos, sin la intervención de un censor. Esto pone en peligro la imparcialidad del proceso y puede afectar gravemente a la democracia.
Además, es importante tener en cuenta que el sistema de reclutamiento de jueces en nuestro país ha quedado obsoleto y es necesario un cambio. Es necesario que los jueces sean seleccionados de manera imparcial y no basados en su clase social o intereses corporativos. De lo contrario, se corre el riesgo de que los jueces se resistan a cualquier cambio que pueda afectar sus intereses personales.
Por supuesto, no se puede negar que existen casos de jueces que actúan con impericia o sesgo en sus decisiones. Sin embargo, esto no debe opacar el papel fundamental que juegan los jueces en nuestra sociedad. Su función es garantizar el cumplimiento de la ley y proteger los derechos de los ciudadanos, no ser agentes de otros intereses.
En resumen, lo que realmente necesita el sistema son jueces garantes que cumplan su función de manera imparcial y respeten la ley y la Constitución. Es necesario que se evite la sobredimensión de su papel y se respete el equilibrio entre los poderes. Solo así podremos fortalecer nuestra democracia y garantizar un sistema judicial justo y transparente.