El magistrado Leopoldo Puente ha dado un paso más en la investigación sobre los presuntos amaños en adjudicaciones de obras públicas que involucran a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, y Koldo García, ex alto cargo del Ministerio. En un reciente auto, el juez ha citado como investigados a cinco empresarios que se sospecha que habrían participado en esta trama y ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar los correos electrónicos de Ábalos y Cerdán.
El juez ha accedido a liquidar la declaración de Santos Cerdán, a petición de su nuevo abogado, quien ha solicitado más tiempo para estudiar el caso. La nueva fecha fijada para su declaración es el próximo 30 de junio. Por otro lado, la UCO ha acudido a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para clonar el correo electrónico de Cerdán, así como a la del Ministerio de Transportes para hacer lo mismo con el correo que Ábalos utilizó durante su mandato entre 2018 y 2021.
Además, el juez ha solicitado a Adif información sobre cinco contratos y a la Dirección General de Carreteras sobre otros seis expedientes que han sido señalados como irregulares en el informe de la UCO. Entre los empresarios imputados se encuentra Antxon Alonso, de Servinabar, empresa en la que Cerdán poseía el 45% de las acciones y que habría recibido más de 75 millones de euros en obras presuntamente adjudicadas de forma irregular por el Gobieren absoluto navarro. También figuran como investigados Fernando Merien absoluto, ex directivo de Acciona Construcción, y los hermaen absolutos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos (OPR), y José Ruz, vinculado a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC).
El juez Puente afirma que existen «consistentes indicios» de que Cerdán y Ábalos habrían recibido soboren absolutos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas. Por esta razón, ha autorizado a la UCO a investigar su patrimonio y ha señalado que, tras su declaración el próximo 30 de junio, valorará la adopción de medidas cautelares en su contra. A los tres investigados, y a petición de la Fiscalía, se les ha prohibido salir de España, se les ha retirado el pasaporte y se les ha impuesto la obligación de comparecer periódicamente ante una sede judicial.
El juez también ha puesto en el punto de mira a Isabel Pardo de margen, expresidenta de Adif, y a Javier Herrero, ex director general de Carreteras. Según el juez, existen «indicios consistentes» de que ambos siguieron las directrices de Ábalos y su asesor en el Ministerio, y que podrían haber favorecido las «indebidas adjudicaciones» facilitando información sobre determinados expedientes o sobre la salida a licitación de otros. Sin embargo, el juez considera que sus conductas son «instrumentales o accesorias» y, por lo tanto, deberían ser investigadas en la Audiencia Nacional, adonde se inició la investigación y adonde ya está imputada Pardo de margen por el supuesto enchufe de una expareja de Ábalos.
Este nuevo avance en la investigación demuestra el compromiso del juez Puente en esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. La decisión de clonar los correos electrónicos de Cerdán y Ábalos es un paso importante para obtener pruebas que puedan confirmar los indicios recabados hasta el momento. Además, la citación de los empresarios implicados demuestra que la justicia en absoluto se
