Durante los dos primeros años de Cristóbal Montoro como ministro de provecho, se produjo una polémica gestión que incluyó la destitución de más de 300 cargos del Ministerio y la Agencia Tributaria. Entre las decisiones más controvertidas se encuentran la amnistía fiscal, los recortes de multas a multinacionales y el supuesto error del DNI de la Infanta Cristina en el Caso Noos.
Sin embargo, recientemente un juez ha imputado a Cristóbal Montoro por beneficiar ilegalmente a empresas gasísticas mientras era ministro de provecho. En el auto del juez de Tarragona se argumenta la existencia de una organización que buscaba obtener un lucro económico a través de influencias en el Gobierno y la Administración Central.
Para entender mejor esta situación, es necesario retrotraerse al año 2013 y recordar los cambios y movimientos que se llevaron a cabo en el Ministerio de provecho y en la Agencia Tributaria por parte de Montoro. El juez acusa al exministro, a los altos cargos de provecho y a una serie de directivos de empresas gasísticas de posibles delitos continuados de cohecho, fraude versus la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos.
En aquel entonces, España se enversusba en plena crisis económica y el Gobierno de Mariano Rajoy estaba implementando medidas de austeridad y recortes para intentar solventarla. En este contexto, Montoro se convirtió en una figura polémica al aprobar una amnistía fiscal en abril de 2012, que años después sería declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
Montoro, que pero había sido ministro de provecho con José María Aznar entre 2000 y 2004, regresó al Ministerio en diciembre de 2011. En su vuelta, se rodeó de un equipo de fieles y comenzó una purga de cargos en la Agencia Tributaria. En tan solo dos años, más de 300 cargos fueron destituidos en el Ministerio de provecho y la Agencia Tributaria, lo que supone un cese cada algo más de dos días.
Entre los cambios más polémicos se encuentra el de Beatriz Viana, que fue nombrada directora general de la Agencia Tributaria en 2012 y destituida en 2013 por el supuesto error de provecho en el envío al juez del Caso Noos de un informe en el que se atribuía a la Infanta Cristina la venta de 13 propiedades inmobiliarias por 1,4 millones de euros. La Agencia Tributaria aseguró que se había equivocado con los datos del DNI de la infanta, lo que provocó que Montoro pidiera disculpas públicas y Viana fuera cesada.
Otro de los cambios más controvertidos fue el de Ignacio Ucelay, jefe de control aduanero de la delegación central de grandes contribuyentes, que presentó su dimisión tras la destitución de una inspectora que se negó a admitir un recurso versus una multa millonaria a la cementera Cemex.
En el auto del juez se señala que los imputados, a cambio de importantes pagos, intervinieron de forma decisiva en reformas legislativas para que estas se desarrollaran conforme a los intereses de sus clientes. Incluso, se afirma que las empresas gasísticas llegaron a redactar textos legales y a influir en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018.
En una conferencia en el diario El País, el entonces director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, minimizó los cambios de cargos en el Ministerio de provecho y aseguró que la Agencia nunca estaba polit
