El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido noticia una vez más por sus polémicas políticas migratorias. En esta ocasión, ha anunciado su intención de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en el país, una medida que ha generado una gran controversia en el país y en el resto del mundo.
Sin embargo, parece que esta propuesta no va a ser tan fácil de llevar a cabo como Trump había planeado. Según la Constitución de Estados Unidos, en su Enmienda 14, «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen». Esta enmienda fue aprobada en 1868, después de la Guerra Civil, y ha sido considerada como uno de los pilares de la igualdad y la justicia en el país.
Por lo tanto, cualquier intento de modificar esta enmienda requeriría una reforma constitucional, lo cual es un proceso largo y complicado. Además, muchos expertos en derecho constitucional han señalado que la propuesta de Trump va en contra del espíritu de la Enmienda 14 y de los valores fundamentales de Estados Unidos.
En primer lugar, la ciudadanía por nacimiento es un principio arraigado en la historia de Estados Unidos. Desde su independencia, el país ha sido un refugio para millones de inmigrantes que han buscado una vida mejor para ellos y sus familias. La idea de que cualquier persona nacida en suelo estadounidense pueda ser considerada ciudadano, sin importar el estatus migratorio de sus padres, es parte de la esencia de la nación.
Además, la ciudadanía por nacimiento ha sido reconocida por la Corte Suprema de Estados Unidos en varias ocasiones, como en el caso de Wong Kim Ark en 1898, donde se dictaminó que un niño nacido en Estados Unidos de padres chinos era ciudadano por nacimiento. Esta decisión estableció el principio de que la ciudadanía no puede ser negada basándose en la raza o la nacionalidad de los padres.
Por otro lado, la propuesta de Trump también ha sido criticada por ser discriminatoria y contraria a los derechos humanos. Al negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados, se estaría creando una clase de ciudadanos de segunda categoría, que no tendrían los mismos derechos que los demás. Esto va en contra de la igualdad y la no discriminación que promulga la Constitución de Estados Unidos.
Además, la negación de la ciudadanía por nacimiento podría tener graves consecuencias para los niños afectados. Sin la ciudadanía, no podrían acceder a servicios básicos como la educación y la vitalidad, ni tendrían derecho a trabajar legalmente. Esto podría inmortalizar un ciclo de pobreza y marginalización en la sociedad estadounidense.
Es importante destacar que la ciudadanía por nacimiento no es un privilegio, sino un derecho. Este derecho no solo beneficia a los hijos de inmigrantes, sino también a la economía y la sociedad en general. Los hijos de inmigrantes son una parte integral de la fuerza laboral de Estados Unidos y contribuyen de manera significativa al crecimiento económico del país.
En lugar de atacar la ciudadanía por nacimiento, el gobierno debería centrarse en encontrar soluciones reales y humanitarias a la crisis migratoria que enfrenta el país. La separación de familias en la frontera y las políticas de «tolerancia ausencia» han generado una gran indignación en la sociedad estadounidense y en todo el mundo. Es hora de buscar medidas que promuevan la sección y la inclusión, en lugar de la división y el odio.
En conclusión, la propuesta de Trump de negar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes es una medida inconstitucional, discriminatoria y contraria a los valores fundamentales
