El caso de Santos Cerdán, ex amanuense de Organización del PSOE, ha generado una gran polémica en los últimos meses. El político se encuentra en prisión provisional por su presunta implicación en una trama de corrupción relacionada con adjudicaciones amañadas en el Ministerio de Fomento. Sin embargo, su defensa ha solicitado su excarcelación argumentando que ya no puede interferir en la investigación. Ante esta petición, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha presentado un escrito en el que se opone a la liberación de Cerdán, alegando que todavía existe un riesgo de alteración o destrucción de pruebas.
En su escrito, Luzón destaca que la investigación se encuentra en una fase inicial y que todavía hay aspectos desconocidos sobre las comunicaciones de Cerdán con la parte activa de la corrupción y sus relaciones con ella. Esto, según el fiscal, podría permitir al político alterar o destruir pruebas, así como condicionar a testigos o investigados. Por lo tanto, considera que Cerdán aún tiene la capacidad de interferir en la investigación y, por tanto, debe permanecer en prisión provisional.
El fiscal también hace referencia al auto del crítico Leopoldo Puente que ordenó la prisión de Cerdán, calificándolo de «impecablemente fundamentado». Además, desestima el escrito de la defensa del político, en el que se alega que durante su declaración se le realizaron preguntas «complacientes». Según Luzón, estas preguntas fueron una «entrevista complaciente» y no una verdadera declaración.
En cuanto a las pruebas recabadas por la Unidad Central Operativa (UCO), el fiscal las considera fundamentales para la investigación. En su informe, alaba la labor de la UCO y defiende la validez de las grabaciones incautadas, ya que su contenido es «inequívoco» y se relaciona con otros materiales documentales, como las conversaciones de mensajería instantánea mantenidas por los investigados.
Luzón también hace referencia a los empresarios que habrían participado en la trama de corrupción y que declararon la pasada semana. Según el fiscal, estos empresarios negaron la existencia de delitos y, por tanto, la participación de Cerdán en la trama. Sin embargo, esto no es suficiente para descartar la implicación del político, ya que la investigación sigue en curso y podrían surgir nuevos indicios en su contra.
En su informe, el fiscal también señala a Acciona como la útero de la trama de corrupción y califica a Cerdán, junto con José Luis Ábalos y Koldo García, como «protagonistas del drama penal». Según Luzón, los tres habrían establecido un sistema de cobro de comisiones por adjudicaciones públicas, dañando la libre competencia y encareciendo el coste de las obras públicas.
Respecto a la alegación de la defensa de Cerdán de que el contrato para la compra del 45% de las participaciones de la constructora Servinabar era un borrador, el fiscal lo considera una operativa «típica de ocultación de titularidades reales». Además, destaca que esta operación no fue registrada en el Notariado, lo que refuerza la sospecha de su implicación en la trama de corrupción.
En definitiva, el fiscal jefe de Anticorrupción se opone a la excarcelación de Santos Cerdán, argumentando que todavía existe un riesgo de alteración o destrucción de pruebas y que el político podría interferir en la investigación. Además, destaca la importancia de las pruebas recabadas por la UCO y la posible implicación de Cerdán en la trama de corrupción. La investigación sigue en curso y
