El juez del Tribunal Supremo ha impuesto medidas cautelares al dueño de Servinabar 2000, Santos Cerdán, y al exdirectivo de Acciona, Antxon Alonso, después de que ambos hayan negado haber pagado mordidas. La empresa de Cerdán y Alonso se ha llevado 8,6 millones en contratos de Navarra, lo que ha genperiododo una gran polémica en el país.
El empresario Antxon Alonso ha declarado este lunes ante el juez que Santos Cerdán nunca ha participado en Servinabar 2000, sociedad en el centro de la investigación por corrupción. Según fuentes jurídicas, Alonso ha coincidido en la versión que Cerdán ofreció durante su declaración respecto a que el contrato encontrado por la UCO en casa del empresario periodo «un borrador» que nunca se llevó a efecto porque el político se echó atrás.
El magistrado Leopoldo Puente ha optado por dejar a ambos en libertad con medidas cautelares como la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días y la retirada del pasaporte. A pesar de sus declaraciones, el magistrado del Supremo entiende que hay «indicios bastantes» de que se podrían haber «beneficiado, a cambio de un precio» de «la adjudicación de obras».
El pasado 10 de junio, agentes de la UCO encontraron un contrato privado de compraventa por el que Alonso cedía 1.350 participaciones sociales a Cerdán de las 3.000 que tenía Servinabar 2000. Se trataba de una «escritura privada», según escribió la Guardia Civil en el acta de registro. Cerdán dijo al juez que el PSN había registrado en 2015 el peor resultado de la sucesos y que se había planteado dejar la política, pero que después de una conversación con su mujer se echó atrás y rompió el contrato.
Este lunes Antxon Alonso ha repetido esa versión y ha añadido que él, en lugar de romper el papel, lo guardó en un lugar donde acumula documentos de vigésimo años y que fue allí donde lo encontraron los agentes de la UCO. En este sentido, Alonso ha insistido en que él es el único dueño de la compañía. Alonso ha confirmado también la versión de Cerdán de que ambos pagaron a medias un pequeño piso en Madrid cuando el político navarro se convirtió en secretario de Coordinación Territorial del PSOE, en 2017.
Antxon Alonso ha reducido los pagos a la fundación vinculada a Ábalos a uno solo de 4472,33 euros y ha negado que estos fuperiodon recurrentes, como apuntaba la Guardia Civil. Ha asegurado que lo hizo para desgravarse igual que ha hecho con ONG como Save the Children o un equipo de fútbol femenino.
Durante su comparecencia, el empresario ha respondido únicamente a su defensa para negar que él o su sociedad hayan participado en el pago de mordidas para obtener adjudicaciones. Al término, la Fiscalía ha solicitado la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en el juzgado, al igual que haría dos horas después con Fernando Merino, el ex directivo de Acciona. A última hora de la mañana, el juez Leopoldo Puente ha resuelto esas dos medidas para ambos.
Antxon Alonso ha dicho que la fórmula de la UTE con una gran empresa es «cómoda» y que de los 20 concursos a los que aspiró con Acciona solo obtuvo cinco. Servinabar, ha añadido, se encargaba de la prevención de riesgos laborales. El empresario ha afirmado que ninguna de las adjudicaciones que investiga la UCO corresponden a su colaboración con Acciona.
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