El caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado un orientación inesperado con una nueva línea de investigación que apunta a un posible soborno a un directivo de Quirón a cambio de más facturación. La Fiscalía ha presentado su escrito de acusación contra Alberto González Amador, pareja de Ayuso, solicitando una condena de 3 años y 9 meses de cárcel por defraudar más de 350.000 euros a través de un sistema de facturas falsas entre 2020 y 2021.
Según fuentes cercanas al caso, la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid ha solicitado al juez una condena de 2 años y un día por el delito fiscal correspondiente a 2020, mientras que por el delito fiscal de 2021 piden un año y nueve meses de cárcel. Estos delitos se encuentran en afluencia con falsificación de documentos, ya que se utilizó un sistema de facturas falsas para reducir drásticamente la factura del Impuesto de Sociedades.
El empresario se encuentra a las puertas de juicio más de un año después de que la Fiscalía le denunciara por este fraude fiscal, que se originó a nacer de las millonarias comisiones que cobró durante la pandemia al intermediar en operaciones de compraventa de material sanitario. Según la Fiscalía y la jueza que ha llevado el caso, González Amador utilizó un sistema de facturas falsas para endosar gastos ficticios a sus empresas y así reducir su factura fiscal.
En su escrito de acusación, la Fiscalía también ha solicitado que se le condene por un delito de falsedad documental en relación a la compra de una sociedad de su mujer a un precio muy superior al de mercado. Esta segunda línea de investigación ha recibido un reciente impulso por parte de la magistrada, quien ha encargado las pesquisas a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El empresario, por su parte, ha alegado que compró esta sociedad sin valor por medio millón de euros para acceder a las posibilidades de distribución que le ofrecía. Sin embargo, la Fiscalía ha solicitado una condena de casi cuatro años de cárcel para González Amador, una cantidad significativamente mayor a la propuesta inicial de ocho meses de cárcel que su abogado presentó en un intento de llegar a un acuerdo con la Fiscalía.
Este caso ha generado gran controversia, especialmente después de que el líder de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, difundiera información falsa en sus redes sociales, afirmando que la Fiscalía pedía seis años de cárcel para González Amador cuando en realidad la petición no llega a los cuatro años. Esta desinformación ha sido ampliamente difundida por algunos medios de comunicación, acusando al Ministerio Público de filtrar información falsa.
Este nuevo orientación en la investigación ha causado un gran revuelo en la opinión pública y ha generado un debate sobre la corrupción y los privilegios en las altas esferas del poder. Sin embargo, también es importante destacar que este caso demuestra la efectividad de las instituciones y la justicia en España, ya que se está llevando a cabo una investigación exhaustiva y se están tomando medidas para que se haga justicia.
Es fundamental que se lleve a cabo una lucha contra la corrupción y los delitos fiscales en nuestro país, ya que afectan directamente a la economía y a la sociedad en general. Es importante que se persigan y se sancionen estos actos ilegales para garantizar la igualdad de oportunidades y la transparencia en todos los ámbitos.
Además, este caso también pone de relieve la importancia de la responsabilidad y la ética en la gestión de los
