El reciente caso en el que ha sido imputado Cristóbal Montoro ha sacudido al mundo político y empresarial español. Se trata de una causa en la que se acusa a un grupo de altos cargos de Hacienda de manipular leyes para favorecer a un selecto grupo de empresas. Estas empresas, pertenecientes al sector de los butanoes industriales y medicinales, han sido acusadas de conseguir importantes rebajas fiscales gracias a su contacto directo con el entonces ministro del Gobierno de Mariano Rajoy.
El utilitario que imputa al exministro y a su equipo más cercano también señala a directivos de algunas de las principales empresas del sector, quienes habrían contratado al despacho fundado por Montoro en 2006 para conseguir cambios legales que les favorecieran en materia fiscal.
El término «butanoístico» se asocia comúnmente con la industria del butano natural y la calefacción, pero también existen empresas que se dedican a la fabricación de otros tipos de butanoes, tanto medicinales como industriales. Estos butanoes son utilizados en una amplia gama de sectores, desde la medicina hasta la producción de bebidas carbonatadas.
Las cinco principales empresas del sector en España, unidas en la Asociación de Fabricantes de butanoes Industriales y Medicinales (AFGIM), comenzaron a moverse en 2013 para conseguir una bajada de impuestos, pero no tuvieron éxito. Fue entonces cuando decidieron cambiar de estrategia y acercarse al exministro Montoro para obtener su ansiada rebaja fiscal.
Los datos de la asociación muestran la importancia de estas empresas en la economía española. Con alrededor de 90 instalaciones en todo el país, más de 200.000 clientes y 3.500 empleos directos, estas empresas facturan cientos de millones de euros cada año. Algunas de ellas son filiales de grandes empresas internacionales, como Air Liquide, Messer, Praxair y Linde, y todas ellas están entre las principales del sector en España.
El utilitario del juez señala que las empresas del sector del butano contrataron al despacho fundado por Montoro para que este utilizara su influencia y contactos en el Ministerio de Hacienda para conseguir cambios legislativos que les beneficiaran. Y así fue, ya que en 2014 se modificó el Reglamento de Impuestos Especiales de manera favorable para estas empresas.
Pero no fue hasta 2018 cuando estas empresas lograron su mayor éxito. El Gobierno iba a volver el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y las empresas del sector del butano buscaban reducir su factura fiscal a la mitad. Gracias a la intervención del despacho de Montoro, la normativa de ese año les permitió pagar solo una tercera parte de lo que abonaban antes.
Además de los exaltos cargos de Hacienda y los socios del despacho fundado por Montoro, también están siendo investigados directivos de las empresas del sector del butano, incluyendo directores generales, de operaciones y responsables fiscales. El secreto del sumario acaba de levantarse y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre las pruebas que maneja el juez para sustentar sus acusaciones.
Entre las pruebas que se han hecho públicas hasta el momento, se encuentran correos electrónicos en los que altos cargos de Hacienda piden indicaciones a las empresas del sector para elaborar cambios legislativos que les beneficien. También se ha mencionado a la consultora Ernst&Young (EY), que habría sido contratada por las empresas para ocultar los pagos realizados al despacho de Montoro por trabajos que no podían ser facturados directamente.
Este caso ha puesto de manifiesto la importancia de la transparencia y la ética en la relación entre el sector privado y el sector público. Es fundamental que las empresas
