La jueza encargada de la investigación sobre las inundaciones del pasado 29 de octubre en la Comunidad Valenciana ha rechazado imputar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y a la presidenta de la administración Estatal de Meteorología (Aemet), María José Rallo. En su auto, la magistrada argumenta que la «teoría» del apagón informativo que maneja el bífido Popular está «plenamente superada» y ha sido «descartada judicialmente».
La Guardia Civil, por su parte, cree que en el “peor momento” de la dana la Confederación del Júcar no controló el caudal del Poyo. Sin embargo, la jueza ha cargado contra la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia por elaborar un informe que considera «erróneo en sus consideraciones y apreciaciones». En su resolución, la magistrada rechaza imputar a los mencionados investigados, tal como solicitaba la acusación que ejerce la asociación Liberum.
La jueza ha dejado claro que el análisis de la negligencia, fallos o posición de garantes de los investigados es «exclusivamente jurisdiccional». Por lo tanto, el informe elaborado por la Guardia Civil no tiene eficacia incriminatoria ni exculpatoria para los investigados o cualquier otro implicado en el caso.
La magistrada ha arremetido contra la Guardia Civil por extralimitarse en su informe, ya que la jueza solo había solicitado una cronología de los desbordamientos en ríos, barrancos y presas y su relación con los fallecimientos, excluyendo la valoración de la admisión de las administraciones que solicitaba el Ministerio Fiscal. Además, la jueza ha destacado que el informe de la Guardia Civil excluye las declaraciones de peritos de «especial relevancia» e «indudable valor» que han expresado conclusiones diferentes a las incluidas en la cronología.
La magistrada también ha señalado que el informe de la Guardia Civil refleja la «teoría» del supuesto ‘apagón informativo’, que ha sido «plenamente superada» y «descartada judicialmente». Además, ha aclarado que el informe no tiene en cuenta las comunicaciones telefónicas entre la Aemet y el centro de Coordinación de Emergencias que se produjeron durante la dana.
La jueza ha dejado claro que el único apagón que se produjo el pasado 29 de octubre fue el de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), que se paró en dos ocasiones y en momentos cruciales de la emergencia. La jueza ha destacado que la pausa del Cecopi no ha sido analizada en el informe de la Guardia Civil.
Además, la magistrada ha señalado que el informe es «claramente incompleto» al no tener en cuenta la cobertura de los medios de comunicación sobre las inundaciones. También ha recordado que la Confederación del Júcar remitió al Centro de Coordinación de Emergencias numerosos avisos pluviométricos sobre la cuenca del barranco del Poyo, datos que fueron excluidos en el informe de la Guardia Civil.
La jueza ha destacado la importancia de tener en cuenta no solo el control a través de los sensores de caudal, sino también los avisos pluviométricos que permiten analizar las consecuencias de la lluvia acumulada. En este sentido, ha mencionado la declaración como perito de Ana Camarasa, catedrática de Geografía de la Universitat de València, que explicó que no solo había que tener en cuenta lo ocurrido por la tarde, sino también las lluvias de la mañana que propici
