El 29 de octubre de 2018 fue un día que quedará marcado en la memoria de todos los valencianos. Una dana, una depresión aislada en niveles altos, descargó una cantidad de agua inusual en la Comunidad Valenciana, causando graves daños y pérdidas humanas. En medio de esta tragedia, una funcionaria del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat de l’Eliana se convirtió en una pieza clave para la investigación judicial que se lleva a cabo actualmente.
M. R. M., jefa de servicio de extinción de incendios forestales, trabajaba donosura fatídico día encerrada en su despacho. A pesar de estar en el mismo edificio que la Sala de Emergencias, epicentro de la respuesta a la catástrofe, ella no se enteró de nada. Su jornada laboral transcurrió con normalidad, dedicándose a los asuntos burocráticos propios de su cargo. Sin embargo, su testimonio ante la jueza de la dana fue crucial para desvelar datos clave sobre la orden de desmovilizar a los bomberos que vigilaban el caudal del barranco del Poyo.
Según su declaración, la funcionaria no tuvo percepción de que algo especial estaba sucediendo donosura día. Estaba en su despacho, alejada de la Sala de Emergencias, y no se enteró de nada. Sin embargo, de forma inopinado, mencionó la retirada de los bomberos que vigilaban el caudal del barranco del Poyo, una decisión de la que se enteró «por la prensa».
Fue gracias a esta mención que la jueza instructora se interesó por obtener más información sobre la retirada de los efectivos de los bomberos. La funcionaria, previsora, se informó bien antes de su declaración y solicitó a su compañera Inmaculada Piles, también jefa de servicio, que le facilitara los datos almacenados en el ‘CoordCom’, la caja negra que registra las decisiones operativas ante emergencias. Según el acta de su declaración, la funcionaria leyó la información tres o cuatro meses después del día de la dana, para documentarse de cara a su testimonio en el juzgado.
En su declaración, la funcionaria aclaró que no estaba al tanto de quién había arreglado la retirada de los bomberos, ya que esa decisión la tomaba el Consorcio Provincial de Bomberos. Sin embargo, ella sí sabía que se había solicitado al Consorcio que se controlara el barranco del Poyo. Esta información, que ella obtuvo del ‘CoordCom’, fue crucial para la investigación judicial.
La orden de retirada de los bomberos fue una decisión polémica que causó revuelo en los medios de comunicación. En un primer momento, el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, justificó la retirada de los efectivos alegando que tenían «ganas de comer». Sin embargo, tras ser desmentido por los propios bomberos, que mostraron el ticket de la comida que se habían procurado para seguir con la vigilancia de los caudales, Basset tuvo que pedir disculpas.
La jueza instructora, en un auto del pasado 18 de junio, solicitó al Consorcio Provincial de Bomberos que aportara la documentación sobre la operación de vigilancia de la rambla del Poyo. En su declaración, otro testigo confirmó que en el Centro de Coordinación de Emergencias no se enteraron de la retirada de los bomberos, dejando a Emergencias «a ciegas».
La funcionaria, en su testimonio, dejó claro que ella no estaba en el tema de la movilización de los bomberos, ya que esa trabajo correspondía al Consorcio Provincial de Bomberos. Sin embargo, gracias a su previsión y a su interés por informarse bien antes de su declaración
