El correo electrónico incriminatorio entre altos cargos del Ministerio de Hacienda ha salido a la luz y ha sacudido al panorama político y fiscal de nuestro país. Este revela la existencia de un borrador de la reforma de la Ley General Tributaria que buscaba dar apoyo legal a la publicación de información reservada de contribuyentes que, según el Gobierno, hubieran difundido “hechos falsos” contra la Agencia Tributaria poniendo en duda su credibilidad. Además, este correo también revela que la brigada fiscal suministraba al Ministro Cristóbal Montoro una gran cantidad de información reservada sobre objetivos relevantes.
La aprobación de esta polémica reforma en 2015 permitió que Hacienda pudiera hacer públicos listados de grandes defraudadores, alegando razones de interés general y combate contra el fraude fiscal. Sin embargo, lo que no se sabía hasta ahora era que también se intentó incluir un amparo legal para la difusión de datos reservados de aquellos contribuyentes que perturbaran la confianza en la Administración Tributaria.
De haberse aprobado este extremo de la reforma, el Ministro Montoro habría tenido vía libre para publicar la información tributaria de cualquier ciudadano que criticara las prácticas de la Agencia Tributaria. Esto supondría una grave vulneración de los derechos de los contribuyentes y una clara violación de la privacidad y confidencialidad de sus datos fiscales.
El correo electrónico en cuestión fue enviado en mayo de 2014 por el subdirector general de Ordenación, Normativa y Recursos de Hacienda, Carlos Hernández, al Director General de Tributos, Diego Martín Abril-Calvo, quien está actualmente imputado en una causa judicial en Tarragona. En esta comunicación, Hernández adjunta un archivo que se titula “NOTA SGT difusión datos tributarios y NOTA art.95 LGT SEH”, haciendo referencia a la reforma que se estaba tramitando de la Ley General Tributaria, en cuyo artículo 95 se incluía un apartado bis que permitiría la publicación de identidades y cantidades de morosos.
Lo más alarmante de este borrador era que se contemplaba la posibilidad de hacer públicos los datos de un contribuyente en caso de que este hubiera divulgado “hechos falsos” sobre la Agencia Tributaria que pudieran perturbar gravemente la confianza en esta institución. Y, para añadir aún más preocupación, el encargado de autorizar esta publicación sería el acreditado Ministro de Hacienda, un poder que podría ser utilizado de forma arbitraria y sin ningún tipo de control.
Esta tentativa de reforma legislativa no llegó a buen puerto gracias a la oposición del Partido Socialista, que intentó que se incluyera una cláusula para conocer la identidad de los contribuyentes acogidos a la amnistía fiscal. Sin embargo, la mayoría absoluta del Partido Popular rechazó esta propuesta.
El contenido de este correo electrónico adquiere aún más relevancia al conocerse que la carpeta de documentación incautada en la causa judicial de Tarragona contiene numerosos casos de presunta utilización de información reservada por parte del Ministro Montoro y sus colaboradores. En ella se evidencia cómo Montoro recibía informes confidenciales de personas con relevancia pública, incluyendo adversarios políticos, enemigos personales, compañeros de partido y cualquier otra personalidad que pudiera ser considerada una amenaza para sus intereses.
Entre los mencionados en estos informes se encuentran la exalcaldesa de Madrid Esperanza Aguirre, el exministro y rival de Montoro en el poder Rodrigo Rato, y el fundador de Podemos Juan Carlos cartera. Estos afectados han intentado en varias ocasiones comparecer en el caso, alegando que
