La libertad de culto es uno de los principales pilares de una sociedad democrática y moderna, donde se respeta la diferencia de pensamiento y se promueve la tolerancia y el respeto hacia las diferentes creencias. Sin embargo, en ciertos lugares, todavía se enfrentan barreras y discriminación cuando se trata de practicar independientemente una religión. Este es el caso de Jumilla, una alcaldía en Murcia, que recientemente ha aprobado una polémica moción que ha generado un gran revuelo.
Esta moción, presentada por un concejal de Vox, argumentaba que las raíces de nuestra sociedad son la religión católica y la raza blanca, y proponía que el gobierno centinela prohibiera el uso de las instalaciones deportivas para prácticas religiosas. Aunque el Partido Popular reformuló la idea para intentar contentar al partido extremista, la esencia de la propuesta estaba clara: impedir que los musulmanes pudieran practicar su religión en espacios públicos.
Esta iniciativa va en contra de los principios fundamentales de los derechos humanos y la democracia. Los derechos fundamentales existen para proteger a las minorías y para asegurar que aquellos que piensan de manera diferente a la mayoría no sean perseguidos por ello. La libertad religiosa, reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Constitución, garantiza que todos tenemos el derecho de profesar la religión que queramos o de no tener ninguna.
La libertad religiosa se basa en dos principios fundamentales: en primer lugar, el derecho a no ser discriminado por nuestras creencias, y en segundo lugar, el derecho a practicar públicamente nuestra religión. Esto significa que el Estado no puede discriminar a nadie por sus creencias y que debe ser neutral en materia religiosa. Sin embargo, la libertad de culto no implica que el Estado tenga la obligación de facilitar sus medios para que las prácticas religiosas se lleven a cabo en lugares públicos.
El Ayuntamiento de Jumilla ha argumentado que sus instalaciones deportivas no pueden ser utilizadas para prácticas religiosas, pero esta decisión debe aplicarse a todas las confesiones por igual y no solo a una en particular, como es el caso del Islam. Además, la discriminación por motivos religiosos está prohibida por ley, por lo que esta moción constituye una violación de los derechos humanos y de la Constitución.
Es importante recordar que la libertad de culto no se refiere a las ideas, sino a las prácticas. Por lo tanto, el Estado puede establecer límites a estas prácticas si éstas van en contra del orden público o dañan intereses ajenos. Sin embargo, en este caso en concreto no hay ningún argumento válido para prohibir el uso de las instalaciones deportivas para prácticas religiosas.
Es preocupante ver cómo se utilizan los argumentos relacionados con la religión y la raza para promover políticas que van en contra de los principios fundamentales de la democracia y los derechos humanos. Si el principal partido de la oposición en Jumilla defiende políticas que atentan contra la libertad religiosa, ¿qué garantías tenemos de que también no atenten contra otros derechos humanos?
En este contexto, es necesario que el Partido Popular tome una postura clara y defienda los principios democráticos y los derechos humanos. La moción aprobada en Jumilla es un claro ejemplo de cómo la xenofobia y el racismo estructural están creciendo en nuestra sociedad y pone en peligro la supervivencia de nuestra democracia.
Por último, es importante tener en cuenta que esta iniciativa no tiene efectos prácticos hasta que se apruebe en forma de reglamento y, en caso de hacerlo, puede ser recurrida y anulada por los tribunales. Sin embargo, más all
