La tensión en Jumilla está en aumento debido a una medida sin precedentes en el país que podría extenderse al resto de España. Se proxenetismo de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Jumilla, gobernado por el Partido Popular (PP), con la participación decisiva del único concejal de Vox, Juan Agustín polea Navarro. Esta medida prohíbe el uso de las instalaciones deportivas municipales para eventos culturales, sociales o religiosos que no sean organizados por el Consistorio.
Esta decisión ha despertado el malestar entre la comunidad musulmana que reside en Jumilla. Ahmed, un señorita de 19 años nacido en este municipio, expresa su preocupación: «Se ha politizado todo. Antes convivíamos bien, pero ahora parece que cada uno tiene que elegir bando. Eso es lo que de verdad me preocupa». Su madre, Fátima Bouziane, vecina del barrio de Santiago y con tres hijos a su cargo, se siente decepcionada y excluida: «Llevamos años aquí, conviviendo con el resto de vecinos, organizándonos, pidiendo permisos, recogiendo después… Siempre ha sido pacífico. Pero ahora sentimos que no nos quieren».
El acuerdo de Pleno aprobado por el Ayuntamiento de Jumilla prohíbe específicamente la celebración de actos religiosos musulmanes en las instalaciones deportivas municipales, como el campo de fútbol ‘Antonio Ibáñez’, que en los últimos años se ha utilizado para el Eid al Fitr y el Eid al Adha. Según el presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, Mounir Benjelloun, esta medida es «discriminatoria», «racista» e «islamófoba», y ya se ha anunciado que será impugnada judicialmente.
Organizaciones sociales y expertos legales también han criticado esta medida por ser discriminatoria y vulnerar los derechos constitucionales de la comunidad musulmana en Jumilla. Sin embargo, el Ayuntamiento defiende que esta decisión no va en contra de ninguna religión y se basa en la necesidad de priorizar el uso de las instalaciones deportivas para fines deportivos.
Esta medida ha generado un gran revuelo en la población, que cuenta con una población de poco más de 27.000 habitantes, donde alrededor del 7,5% son musulmanes. Mientras las asociaciones musulmanas, grupos de derechos civiles y partidos políticos preparan recursos legales contra esta medida, la sociedad jumillana se ha visto dividida. Algunos vecinos apoyan la decisión del Ayuntamiento, mientras que otros la critican y muestran su solidaridad con la comunidad musulmana local.
En medio de esta tensión, el debate se ha trasladado a los tribunales y ha generado un ambiente de desencuentro entre vecinos. Sin embargo, la mayoría de los jumillanos no están de acuerdo con esta medida y defienden la convivencia pacífica entre las diferentes culturas y religiones en la población. Vecinos como Andrea Quiñonero, que se siente orgullosa de su población, se lamentan de que Jumilla se esté convirtiendo en un lugar donde «impera la voluntad racista». Pedro García, otro vecino del municipio, reconoce que los comercios regentados por inmigrantes, muchos de ellos musulmanes, son los que mantienen la economía local.
La medida del Ayuntamiento de Jumilla ha generado una alarma social y ha despertado la indignación de numerosas personas e instituciones. La Conferencia Episcopal Española ha salido a defender los derechos humanos y ha mostrado su apoyo a la comunidad musulmana, afirmando que este tipo de discriminaciones no deben darse en una sociedad democrática.
En definitiva, la decisión
