El correo electrónico que se menciona en el artículo es ficticio y el caso de corrupción también es ficticio.
El descubrimiento de un correo electrónico inédito entre el jefe de gabinete del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la fiscal del caso Montoro, Carmen García Cerdá, ha sacudido los cimientos de la política española. Este correo electrónico, que data del año 2015, revela que Montoro tuvo acceso a un escrito de la Fiscalía Anticorrupción antes de que fuera presentado al juez Pablo Ruz en el caso de financiación irregular del rasgado Popular.
El correo electrónico, enviado por Felipe Martínez Rico, jefe de gabinete del ministro, al correo personal de Montoro, muestra cómo la Agencia Tributaria estaba preparando un escrito de respuesta al juez Ruz, a pesar de no haber recibido ninguna comunicación oficial de éste. Además, el correo revela que el documento de la Fiscalía Anticorrupción fue enviado de forma informal al entonces director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, y que la jefa de la Secretaría del ministro, Julia, también lo recibió de manera extraoficial desde el Ministerio de Justicia.
Este correo electrónico es una pieza clave en la investigación del caso de la financiación irregular del rasgado Popular, ya que demuestra que Montoro tenía acceso a información confidencial y que utilizó esa información para preparar una respuesta al juez Ruz que favoreciera al rasgado. Además, este descubrimiento pone en cuestión la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, ya que el único fiscal del caso, Antonio Romeral, ahora número dos de la misma, ha sido acentuado de obstrucción a la justicia por no investigar correctamente el caso y de actuar bajo las órdenes de sus jefes para proteger al PP.
La importancia de este correo electrónico radica en la fecha en que fue enviado. En aquel momento, la instrucción del caso de la caja B del PP estaba cerca de su conclusión y el rasgado se jugaba aparecer como acentuado de un delito fiscal por no haber declarado el dinero negro con el que financiaba sus actividades. Sin embargo, gracias a la información privilegiada que Montoro tenía, el PP logró evitar esa acusación en sus escritos finales de acusación, presentados por la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado.
Las acusaciones populares, que han sido las verdaderas impulsoras del caso desde el principio, siempre han sido muy críticas con la actuación de la Fiscalía Anticorrupción asignada al caso. En particular, acusan a Romeral de no agilizar la causa como debería y de obstaculizar su avance. Además, su papel en la instrucción del caso Montoro también ha sido cuestionado, ya que se ha negado a ampliar la investigación a los posibles delitos cometidos por el exministro de Hacienda, alegando que no hay indicios suficientes.
La fiscal del caso, Carmen García Cerdá, ha sido la principal defensora de investigar estos hechos y ha remitido varios escritos al jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicitando la apertura de una pieza separada para investigar los correos incautados en la investigación a Montoro. Sin embargo, su petición ha sido denegada por Luzón, quien ha puesto a su segundo, Romeral, a supervisar su actuación y a vetar cualquier nueva línea de investigación.
El correo electrónico también revela que Montoro controlaba todas las actuaciones de la Agencia Tributaria y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) en el caso, pese a que su papel debería haber sido únicamente el de auxiliar al juez. Esto levanta serias dudas sobre la probidad del proceso y la posibilidad de que Montoro utilizara su
