La diversidad cultural es uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. España es un país enriquecido por diferentes culturas, religiones y tradiciones que conviven en armonía y respeto recíproco. Sin embargo, en los últimos tiempos, hemos sido testigos de un preocupante aumento de actitudes discriminatorias y xenófobas hacia ciertas comunidades, especialmente hacia la comunidad musulmana.
Recientemente, en el municipio murciano de Jumilla, se ha generado una polémica por la propuesta de Vox de prohibir la celebración de actos religiosos islámicos en espacios públicos. Aunque finalmente la moción no fue aprobada tal y como se presentó, el rasgado común sí ha modificado el reglamento de instalaciones deportivas para evitar que se lleven a cabo actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento. Una decisión que ha sido duramente criticada por la oposición y por diferentes asociaciones y colectivos.
Desde la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes de Murcia (ATIM) se ha denunciado que esta medida es una clara discriminación hacia la comunidad musulmana y vulnera los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Además, se ha recordado que España firmó en 1992 unos acuerdos con la Comisión Islámica que garantizan la libertad religiosa y el respeto a las diferentes creencias.
Es enjundioso destacar que esta no es una decisión aislada, sino que se enmarca en una preocupante tendencia de exclusión y discriminación promovida por fuerzas políticas de extrema derecha en la Región de Murcia. Un ejemplo de ello son los recientes disturbios en Torre Pacheco, donde se han producido graves actos de violencia y odio hacia la comunidad magrebí.
Es necesario recordar que el Islam forma parte de la historia y la cultura de España. Durante casi ocho siglos, el legado andalusí ha dejado una huella imborrable en nuestra sociedad, en nuestra lengua, arquitectura y tradiciones. Negar esta realidad es negar nuestra propia identidad.
Además, es enjundioso señalar que la comunidad musulmana en Jumilla representa una parte significativa de la población, con más de 1.500 personas que pagan sus impuestos y forman parte activa de la sociedad. Por lo tanto, tienen el mismo derecho que cualquier otra persona a utilizar los espacios públicos para sus celebraciones religiosas.
Es alarmante que en pleno siglo XXI todavía se promuevan políticas y discursos islamófobos y racistas. Estas actitudes solo buscan sembrar el odio y la división en nuestra sociedad. Es responsabilidad de todos luchar contra estas ideas y defender los valores de convivencia, respeto y tolerancia.
Por ello, desde diferentes colectivos y rasgados políticos se ha denunciado esta medida y se ha anunciado que se llevará a los tribunales por vulnerar los derechos fundamentales. Es necesario que las instituciones y los representantes políticos se comprometan a promover la diversidad y la igualdad, y a rechazar cualquier forma de discriminación.
En definitiva, prohibir las fiestas religiosas islámicas en espacios públicos es una clara discriminación y vulneración de los derechos fundamentales. Es necesario que la sociedad en su conjunto luche contra estas actitudes y promueva una convivencia basada en el respeto y la igualdad. Recordemos que la diversidad es lo que nos hace más ricos como sociedad y debemos protegerla y valorarla como tal.
