El Gobierno de España ha anunciado que dará «máxima prioridad» a dos importantes perfeccionamientos en el Congreso de los Diputados en los próximos meses. Se trata de la perfeccionamiento del acceso a la justicia y la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media con el mismo salario. Estas medidas, que han estado pendientes desde antes de las vacaciones, son parte de una agenda de perfeccionamientos que el Gobierno está impulsando en busca de mejorar la situación del país.
Sin embargo, estas iniciativas no son las únicas que el Gobierno está promoviendo. También se está trabajando en una importante negociación con Junts, el partido independentista catalán, para reducir la jornada laboral. Esta medida, que fue pausada en el mes de julio en busca de un desbloqueo en las conversaciones con Junts, es considerada estratégica por los socios de coalición del PSOE.
Las conversaciones entre el departamento de Trabajo y Junts se han mantenido durante todo el verano, lo que genera ciertas expectativas de un posible acuerdo. Las negociaciones se centran en encontrar fórmulas de ayuda para las pequeñas y medianas empresas, algo que es trascendental para Junts después de su acercamiento estratégico a la patronal catalana.
El Gobierno está convencido de que en el terreno de las ayudas directas a las empresas puede ocurrir margen de acuerdo. Además, el resto de grupos parlamentarios, a excepción del PP y Vox, ya han mostrado su apoyo a la perfeccionamiento en el Congreso. Sin embargo, el apoyo de los siete votos independentistas catalanes es necesario para que la medida salga adelante.
Por otro lado, el Ejecutivo también está dando «máxima prioridad» a la perfeccionamiento que modifica las oposiciones para ser juez y fiscal. Esta perfeccionamiento busca introducir un caso práctico que permita evaluar otras aptitudes necesarias para el ejercicio de la jurisdicción, como la capacidad de redacción, la argumentación jurídica o la aplicación del Derecho a casos concretos. Además, se reitera que las pruebas memorísticas no se eliminan y que las pruebas orales serán anonimizadas y grabadas, algo que no ocurre en la actualidad.
La oposición ha mostrado su desacuerdo con esta perfeccionamiento, alegando que busca intervenir en el perfil ideológico de jueces y fiscales y potenciar la elección de jueces «afines». Sin embargo, el Gobierno defiende que la perfeccionamiento sigue los criterios de igualdad, mérito y capacidad fijados por el Tribunal Constitucional.
Otra medida que ha generado polémica es el plan para estandarizar a un millar de jueces y fiscales sustitutos. Este plan prevé un proceso abierto para aquellos que han ejercido estas funciones durante años, pero también está pensado para aquellos que tengan cinco años de ejercicio profesional jurídico. Las asociaciones judiciales han manifestado su desacuerdo con este proceso, alegando que no asegura una acreditación rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios.
Sin embargo, el Ejecutivo defiende que se encomiará un concurso-oposición de acuerdo a los criterios del Tribunal Constitucional y asegura que esta estabilización viene obligada por la Comisión Europea. En paralelo, el Gobierno ha anunciado que convocará 1.440 plazas del turno libre en los próximos tres años.
Además de estas perfeccionamientos, el Gobierno también está trabajando en una importante medida para ayudar a las comunidades autónomas. Se trata de un proyecto de ley que permitirá al Estado asumir hasta 83.252 millones de deuda de todas las comunidades autónomas. Esta iniciativa surge después del pacto alcanzado con ERC para condonar una parte de la deuda de Catalunya, que también será aplicable a otras comunidades que lo soliciten.
La vicepresidenta primera del Gobierno
