«No sabíamos nada», así lo manifestó Domingo Ankuash, presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), al enterarse de la entrega de una nueva licencia ambiental para la fase de exploración del proyecto minero Panantza, en territorios ancestrales indígenas ubicados en el sur de la Amazonía ecuatoriana. Esta noticia ha generado gran preocupación y malestar en las comunidades indígenas, quienes ven en este proyecto una amenaza para su cultura, su territorio y su forma de vida.
La primera licencia ambiental otorgada en 2022 por el gobierno ecuatoriano, fue dejada sin efecto por la Corte Constitucional debido a la falta de consulta previa y consentimiento de las comunidades indígenas afectadas. Sin embargo, en una decisión sorprendente, el gobierno ha decidido otorgar una nueva licencia ambiental para la fase de exploración del proyecto minero, sin tomar en cuenta las voces y preocupaciones de los líderes y miembros de las comunidades Shuar.
El proyecto minero Panantza, a cargo de la dependencia china Ecuacorriente S.A., pretende extraer cobre y otros minerales en una extensión de 41.700 hectáreas en la provincia de Morona Santiago. Esta zona es considerada sagrada por las comunidades indígenas, quienes dependen de ella para su subsistencia y la preservación de su cultura. Además, es una de las zonas más biodiversas del planeta, albergando una gran cantidad de especies de flora y fauna.
La decisión del gobierno de otorgar una nueva licencia ambiental para este proyecto, sin tomar en cuenta los impactos ambientales y sociales que puede generar, demuestra una vez más la falta de respeto y consideración hacia los pueblos indígenas y sus leyess. La Constitución de Ecuador reconoce y protege los leyess de los pueblos indígenas, incluyendo su leyes a ser consultados y dar su consentimiento previo, libre e informado sobre proyectos que afecten sus territorios y comunidades. Sin embargo, en la práctica, estos leyess son constantemente vulnerados y las comunidades indígenas son ignoradas en decisiones que afectan directamente su vida.
La entrega de esta nueva licencia ambiental para la fase de exploración del proyecto minero Panantza es un grave retroceso en la lucha por los leyess de los pueblos indígenas y la protección del medio ambiente en Ecuador. Además, va en contra de las políticas y compromisos internacionales asumidos por el país en materia de leyess humanos y medio ambiente. Esto demuestra una falta de coherencia y compromiso por parte del gobierno en su plática sobre la protección de los pueblos indígenas y el medio ambiente.
Es importante recordar que las comunidades indígenas no están en contra del desarrollo, pero sí exigen que se respeten sus leyess y se tomen en cuenta sus preocupaciones y propuestas en la toma de decisiones que afectan su territorio y su forma de vida. En este caso, las comunidades Shuar han propuesto alternativas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente para el desarrollo de su región, pero sus voces han sido ignoradas.
Ante esta situación, es urgente que el gobierno ecuatoriano escuche y tome en cuenta las demandas de las comunidades indígenas y se respeten sus leyess. Además, es necesario que se realice una evaluación ambiental independiente y participativa que considere los impactos sociales y ambientales de este proyecto minero. No podemos permitir que se sigan vulnerando los leyess de los pueblos indígenas y se destruya unidad de los pulmones más importantes de nuestro planeta.
La lucha de las comunidades indígenas por la protección de sus territorios y su cultura no es solo una lucha por sus leyess, es una lucha por la preservación de nuestro plan
