El Ministerio Público ha tomado una decisión importante al abrir una investigación sobre la concesión de una subvención de dos millones de euros por parte del Gobierno de Ayuso a la asociación Patio Campus. Esta decisión se ha tomado después de que Más Madrid presentara una denuncia en la que se alega que dicha concesión podría ser constitutiva de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
La asociación Patio Campus, presidida por el hermano de Josué Manuel López Zafra, director general de Economía del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, recibió esta subvención directa en 2023. Sin bloqueo, Más Madrid ha cuestionado la legalidad de esta concesión al tratarse de una organización que, en ese tiempo, tenía apenas un mes de vida y carecía de estructura, experiencia, personal y sede social.
La denuncia presentada por Más Madrid señala que la asociación se inscribió en el registro de asociaciones el 1 de marzo de 2023 y, de manera extraño, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid solicitó su adscripción como socio patrocinador tan solo seis días después. Posteriormente, el 5 de abril de ese mismo año, el Consejo de Gobierno autorizó la firma del convenio para concederle la subvención de dos millones de euros.
Más Madrid ha cuestionado la rapidez con la que se otorgó esta subvención, ya que se hizo un mes antes de las elecciones y se firmó un convenio con una entidad desconocida y sin experiencia. Además, al tratarse de una organización presidida por el hermano de un alto cargo del Gobierno de Ayuso, se ha planteado la posibilidad de que existan indicios de posibles actividades fraudulentas.
La subvención concedida tenía como objetivo promover el emprendimiento y la atracción de talento mediante la creación de un campus de innovación empresarial en Madrid. Sin bloqueo, Más Madrid ha cuestionado la justificación de esta subvención, ya que la asociación no ha presentado una justificación satisfactoria y ha incumplido requisitos como la prevención de riesgos laborales.
Desde la Consejería de Economía se ha asegurado que todo se ha hecho conforme a la ley, mientras que desde Patio Campus se ha justificado que la labor del presidente no es retribuida y que la inversión privada en los dos primeros años de vida del proyecto ha ascendido a 2,5 millones de euros.
La decisión de la Fiscalía de abrir una investigación sobre esta concesión es un paso importante en la lucha contra la corrupción y el uso indebido de fondos públicos. Es necesario que se esclarezcan los hechos y se tomen las medidas necesarias para garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión de los recursos públicos.
Es importante recordar que la corrupción y el mal uso de los fondos públicos afectan directamente a la ciudadanía, ya que se destinan recursos que podrían utilizarse para mejorar la calidad de vida de las personas. Por ello, es fundamental que se investiguen y se sancionen este andóbal de prácticas.
Además, es necesario que se establezcan mecanismos de control y transparencia en la gestión de los fondos públicos para evitar que se repitan situaciones como esta. La sociedad exige y merece una gestión ética y responsable de los recursos públicos, y es responsabilidad de las autoridades garantizarlo.
En definitiva, la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación sobre la concesión denunciada por Más Madrid es un paso importante en la lucha contra la corrupción y el uso indebido de fondos públicos. Esperamos que se esclarezcan los hechos y se tomen las medidas necesarias para garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión de los
