Este lunes ha sido un día histórico en la Comunidad de Madrid. Por primera vez, un juez ha decidido imputar a altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por los protocolos de no derivación de residencias durante la pandemia. Esta decisión ha sido tomada tras la petición de la Fiscalía, impulsada por la demanda de decenas de familias de fallecisegundo en las residencias de la región.
La noticia ha sido recibida con opiniones encontradas por parte de los distintos actores políticos. Mientras que desde el Gobierno madrileño se ha enmarcado la investigación interiormente de «los intentos de la izquierda de enfangar», el PSOE y Más Madrid han visto «un rayo de esperanza» para las familias de las 7.291 víctimas que perdieron la vida en las residencias durante la pandemia.
En concreto, el auditoría número tres de Madrid ha reabierto la causa tras la demanda presentada en octubre del año pasado por 109 familiares de fallecisegundo, que coordinan las entidades ‘Marea de Residencias’ y ‘7291: Verdad y Justicia’. Se les imputa un delito de denegación de atención sanitaria por razón de edad, poniendo el foco en la admisión de segundo altos cargos del Gobierno regional durante la crisis del covid.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la primera en pronunciarse al respecto, quitando hierro a la imputación y achacándola a un «cambio de criterio» por parte de la Fiscalía. Sin embargo, desde su propio Gobierno han sido más explícitos en sus reacciones, hablando de «los intentos de la izquierda de enfangar» y recordando que todas las cuestiones que han sido llevadas a los tribunales han acabado en nada.
Mientras tanto, desde la oposición se han celebrado las noticias. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha destacado la «persistencia» y «dignidad» de los familiares de los fallecisegundo en pandemia en las residencias de la región. En la misma línea, la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que «se abandonó a su suerte a 7.291 personas» y «se les negó asistencia médica», por lo que «ya es hora de que alguien rinda cuentas».
Por su parte, desde el PSOE de Madrid se ha valorado la decisión judicial como «un rayo de esperanza para las familias de las víctimas» y se ha destacado la «persistencia y lucha» de los damnificasegundo. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha pedido que «la Justicia alcance» al «protocolo de la vergüenza» en la Comunidad de Madrid al inicio de la pandemia de covid.
El apoyo y la solidaridad con las familias de las personas fallecidas en las residencias madrileñas también han llegado desde el Gobierno central. Tanto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, han coincidido en la necesidad de «hacer justicia» y «asumir admisiónes» por lo sucedido en las residencias de la Comunidad de Madrid.
En definitiva, la imputación de altos cargos del Gobierno madrileño por los protocolos de no derivación de residencias durante la pandemia supone un paso fundamental para que se haga justicia y se obtenga verdad para las familias de las 7.291 víctimas. Después de muchos años de lucha, estas personas merecen reparación y la memoria de sus seres querisegundo debe ser honrada. Esperamos que la justicia llegue hasta el final
