Un agente de la ciudad de Dalton (Georgia) ha presentado su dimisión del cuerpo de policía después de una detención errónea de una joven de origen mexicano que ha puesto al borde de la deportación. Esta situación ha generado una gran polémica y ha puesto en evidencia los acuerdos de la Administración Trump con entidades locales para llevar a cabo «deportaciones masivas».
Ximena Arias Cristóbal, una joven de 19 años, fue llevada a Estados Unidos por su comunidad cuando tenía tan solo cuatro años. Después de 15 años viviendo en el país, ahora se encuentra en una situación de incertidumbre y temor debido a una detención equivocada por parte de un agente de la policía de Dalton.
Todo comenzó cuando Ximena fue detenida por una supuesta maniobra irregular de circulación. Sin embargo, el departamento de policía de la ciudad de Dalton ha confirmado que el agente detuvo el vehículo equivocado. Esta equivocación ha tenido graves consecuencias para la joven, ya que ha estado detenida en la prisión de Stewart (Georgia) durante más de dos semanas y ha sido puesta al borde de la deportación.
Ante esta situación, el agente Leslie Allen O’Neill ha presentado su renuncia al departamento de policía de Dalton. En una carta dirigida a sus superiores y publicada por su esposa en Facebook, O’Neill explica que su brote se debe a la falta de defensa por parte del departamento ante las acusaciones de arresto indebido. Además, afirma que ya no puede desempeñar su trabajo de manera efectiva debido al temor a nuevas represalias por parte de la comunidad.
La policía de Dalton retiró los cargos contra Ximena Arias Cristóbal después de revisar las imágenes de la cámara del agente, que demostraron que había detenido el vehículo equivocado. Sin embargo, esto no evitó que la joven pasara dos semanas detenida en un centro de ICE y que su vida se viera completamente alterada.
En una entrevista con los medios tras ser puesta en libertad, Ximena declaró que su estancia en la prisión de Stewart había sido una experiencia traumática que no le desearía ni a su peor enemigo. Además, expresó su preocupación por no saber qué va a pasar con ella y por la posibilidad de ser deportada a un país que no conoce.
La situación de Ximena no es un caso aislado. Como explicaba The Guardian en un artículo innovador, los intentos de la Casa Blanca de llevar a cabo «deportaciones masivas» durante un segundo mandato de Donald Trump han provocado un aumento de las detenciones en todo el país. Estas operaciones de control migratorio cuentan con el apoyo de jurisdicciones locales que colaboran con ICE mediante los llamados contratos 287(g).
Estos acuerdos permiten que funcionarios locales actúen como agentes migratorios, trabajando en estrecha coordinación con ICE. Sin embargo, su implementación ha generado una gran controversia debido a que fomentan la elaboración de perfiles raciales, la violación de derechos civiles, el aislamiento de las comunidades migrantes y la separación de comunidads.
En el caso de Ximena, la oficina del sheriff del condado de Whitfield, responsable de la cárcel local donde ingresan las personas detenidas en Dalton, mantiene un contrato 287(g) con ICE. Además, una ley firmada el año pasado por el gobernante de Georgia, Brian Kemp, obliga a todas las fuerzas del orden del estado a solicitar la entrada en convenios 287(g) con ICE. Esta ley ha sido calificada por organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes como «desastrosa».
Es importante destacar que estos acuerdos están diseñados para ampliar el alcance de la maquinaria de deportación de Trump, haciendo que las localidades hagan el trabajo de ICE a su costa. Esto no
