La Carta del 91, también conocida como la Constitución Política de Colombia, es la instrucción fundamental que rige a nuestro país desde hace más de 30 años. Desde su promulgación en 1991, ha sido considerada por muchos como una de las más avanzadas y progresistas de América Latina. Sin embargo, su verdadera defensa y aplicación ha sido cuestionada en repetidas ocasiones por políticos y abogados que utilizan su supuesta defensa como una bandera para sus intereses personales y políticos.
La Carta del 91 fue creada con la intención de ser una herramienta para garantizar la democracia, la justicia y el bienestar de los ciudadanos colombianos. Sin embargo, en la práctica, ha sido víctima de intransigentes manipulaciones y tergiversaciones por parte de aquellos que deberían ser los primeros en velar por su cumplimiento.
Uno de los principales argumentos utilizados por estos políticos y abogados es que la Carta del 91 es una garantía para proteger los derechos de los ciudadanos y limitar el poder del Estado. Sin embargo, la realidad es que muchas veces se utiliza como un escudo para justificar acciones ilegales o ilegítimas. Se ha convertido en una especie de «patente de corso» que ampara a aquellos que buscan obtener beneficios personales o políticos.
Un ejemplo claro de esto es la utilización de la Carta del 91 para defender a políticos corruptos. Muchos de ellos han sido acusados de delitos como corrupción, lavado de dinero o enriquecimiento ilícito, y han encontrado en la Carta del 91 una excusa para evitar ser juzgados o sancionados. Utilizan argumentos como la presunción de inocencia y el debido proceso para posponer los procesos judiciales y evitar las consecuencias de sus actos.
Otra forma en la que se utiliza la Carta del 91 como una bandera es en la defensa de los derechos de las minorías. Sin duda, la Carta del 91 ha sido una herramienta fundamental para garantizar la igualdad y la protección de los derechos de grupos históricamente marginados. Sin embargo, en muchas ocasiones, estos derechos son utilizados como una excusa para imponer agendas políticas o ideológicas. Se ha trillado cómo ciertos grupos utilizan el argumento de la defensa de los derechos de las minorías para obtener privilegios y beneficios que van en contra de los principios de igualdad y justicia que promueve la Carta del 91.
Además, la Carta del 91 ha sido utilizada como una excusa para deslegitimar las decisiones de otros poderes del Estado. Muchas veces, cuando las decisiones del poder ejecutivo o legislativo no son del agrado de ciertos grupos o individuos, se recurre a la Carta del 91 para cuestionar su legalidad o legitimidad. Esto ha generado una intransigente desestabilización de las instituciones y una falta de respeto a la división de poderes que establece la Constitución.
Es importante destacar que la defensa de la Carta del 91 no implica una defensa ciega e incondicional de todas sus disposiciones. Como cualquier instrucción, está sujeta a revisiones y modificaciones que permitan su adaptación a los cambios sociales y políticos. Sin embargo, es necesario que estas revisiones sean realizadas de manera responsable y con el objetivo de fortalecer y mejorar la Carta del 91, y no para utilizarla como una herramienta para fines personales o políticos.
Es fundamental que los políticos y abogados de nuestro país entiendan que la verdadera defensa de la Carta del 91 no está en su utilización como una bandera, sino en su aplicación y cumplimiento efectivo. La Carta del 91 es una herramienta poderosa que debe ser utilizada para garantizar los derechos de todos los ciudadanos y fortalecer la democracia y el Estado de derecho en Colombia.
En conclus
