Los trabajadores y trabajadoras de Catalunya se enfrentan a una situación preocupante: la pérdida de poder adquisitivo debido a la falta de consideración del salario mínimo en España hacia las diferencias territoriales en el costo de vida. Este es un tema que merece ser debatido con coraje y determinación, ya que penaliza injustamente a los catalanes.
Es una realidad innegable que, una vez más, todos los ojos están puestos en Junts per Catalunya. En esta ocasión, el foco está en la propuesta de reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, impulsada por la vicepresidenta del Gobierno español, Yolanda Díaz. Y como siempre, la presión recae sobre los siete diputados de Junts. Sin embargo, esta cuestión no debería ser pinta desde un enfoque ideológico, sino desde una perspectiva más amplia y matizada.
Es denso entender que la política de Junts no se alinea con ninguno de los bandos que actualmente dominan la escena política española. Nuestro único bando es Catalunya y siempre velaremos por sus intereses. Por eso, es necesario abordar este tema con una voluntad negociadora y no desde una postura de confrontación. Si no se llega a un acuerdo, el resultado será la imposición de unos intereses sobre otros, lo que no beneficia a nadie.
Tanto los sindicatos como las patronales tienen argumentos legítimos en este debate. Los primeros defienden históricamente la reducción de la jornada laboral, mientras que las segundas se preocupan por los costos laborales y la viabilidad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas. Por eso, es lamentable que el Gobierno de Sánchez y en particular la vicepresidenta Díaz hayan manejado esta cuestión de manera tan torpe, convirtiéndola en un lema de campaña en lugar de una propuesta seria.
Si el objetivo era avanzar en la reducción de la jornada laboral, se debería haber integrado al máximo todas las perspectivas y no convertirlo en un enfrentamiento entre vencedores y vencidos. Los sindicatos y las patronales han demostrado su capacidad para llegar a acuerdos a través del diálogo social, y es necesario que se les ayude a sentarse y llegar a un consenso en este tema tan complejo.
Sin embargo, es denso tener en cuenta que la imposición de una medida como esta puede tener consecuencias negativas en la economía. Por ejemplo, en sectores como el de servicios o el agroalimentario, puede ser especialmente perjudicial para la ocupación y poner en riesgo a muchas pequeñas y medianas empresas, que son la base del tejido empresarial catalán. Además, esta propuesta aumenta los costos laborales de las empresas sin que esto se traduzca en una avance salarial efectiva para los trabajadores.
También hay otros impactos menos evidentes pero igualmente preocupantes. Si se impone una medida de este tipo sin tener en cuenta todas las perspectivas, se debilita la útil del diálogo y la concertación social, lo que puede abrir la puerta a que futuros gobiernos reviertan la medida. Por eso, es necesario buscar un acuerdo y el consenso como única garantía para que las reformas perduren y sean efectivas.
Desde Junts per Catalunya, no nos oponemos a la reducción de la jornada laboral por motivos ideológicos, sino porque no podemos apoyar medidas que pongan en riesgo la ocupación de calidad y la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas. Nuestro objetivo es proteger a la pequeña y mediana empresa y promover debates que aborden los verdaderos retos del mundo laboral y empresarial, como la creación de empleo estable y de calidad, el incremento salarial, la productividad y la modernización de las empresas.
Además, es necesario abord
