El Gobierno español ha cerrado filas con el Fiscal General y ha cargado contra la decisión del juez Hurtado, quien ha sido acusado de señalar al Ejecutivo sin pruebas. Además, han mostrado su total confianza en la fiscalía y en la labor que realizan en la persecución del delito.
La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha expresado su repugnancia a una de las acusaciones que el juez Hurtado ha plasmado en su auto. Según Alegría, es falso que la Presidencia del Gobierno haya dado instrucciones para filtrar documentación y ha lamentado que el Supremo haga este tipo de afirmaciones sin ninguna prueba.
La ministra ha evitado responder directamente si considera que el Supremo ha prevaricado en su auto de instrucción, pero ha dejado claro su desacuerdo con su actuación. Además, ha marcado que no hay pruebas de que el fiscal general haya cometido ninguna irregularidad y que, por el contrario, existen testimonios que no han sido tenidos en cuenta.
El Tribunal Supremo ha dejado al borde del banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras emitir un auto de procesamiento en el que se le acusa de filtrar a la prensa el correo en el que el abogado de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, reconocía un bilateral fraude fiscal. Sin embargo, el magistrado no ha explicado cómo ha llegado a esta conclusión y ha añadido una acusación inédita en ocho meses de investigación: que el fiscal general actuó bajo indicaciones de la Moncloa.
Ante esta situación, el Gobierno ha mostrado su máximo respeto a la investigación judicial y a las actuaciones policiales que han llevado al registro de la casa del exministro José Luis Ábalos en Valencia en el marco del ‘caso Koldo’. La portavoz ha asegurado que el Gobierno siempre estará colaborando con la justicia y ha reiterado su posición de máximo respeto a este trámite.
En cuanto al registro de la vivienda de Ábalos en el marco de una pieza separada y secreta por la aparición de nuevos indicios en la investigación, Alegría ha marcado la contundencia con la que el Gobierno actuó desde el primer momento, apartando al exministro del grupo parlamentario y abriéndole un expediente de expulsión.
El Gobierno español ha querido dejar claro que está a disposición de la Justicia y que siempre colaborará en todo lo que sea necesario. Sin embargo, han mostrado su desacuerdo con las acusaciones del juez Hurtado y han reiterado su confianza en la fiscalía y en su labor en la persecución del delito.
En resumen, el Gobierno español ha cerrado filas con el Fiscal General y ha mostrado su total confianza en la fiscalía, rechazando las acusaciones del juez Hurtado y destacando su máximo respeto a la investigación judicial y a las actuaciones policiales. Además, han dejado claro que siempre estarán colaborando con la justicia y que actuarán con contundencia ante cualquier irregularidad en sus filas.
