En un importante paso hacia la protección de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto inicial (Piaci), el Tribunal Constitucional de Perú ha declarado inconstitucional la ordenanza municipal de Contamana que desconocía su existencia. Esta decisión histórica es un gran avance en la lucha por los derechos de estas comunidades vulnerables, que se encuentran en un estado de vulnerabilidad sanitaria, territorial, sociocultural y demográfica ante situaciones de contacto con población externa.
La ordenanza municipal de Contamana, emitida en el año 2017, negaba la existencia de los Piaci y sus derechos a la autodeterminación y a la protección de su territorio. Esta medida fue duramente criticada por organizaciones de derechos humanos y defensores de los Pueblos Indígenas, quienes argumentaban que esta negación ponía en grave peligro la supervivencia de estas comunidades.
Ante esta situación, Melissa Sánchez, una abogada especializada en derechos indígenas, decidió tomar cartas en el asunto y presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional. En su argumentación, Sánchez destacó la importancia de reconocer y proteger a los Piaci, quienes se encuentran en un estado de aislamiento voluntario y tienen una relación única con su entorno natural.
El Tribunal Constitucional, en su sentencia emitida el pasado mes de julio, reconoció la existencia de los Piaci y sus derechos a la autodeterminación y a la protección de su territorio. Además, ordenó a la municipalidad de Contamana a derogar la ordenanza que los negaba y a implementar medidas de protección para estas comunidades.
Esta decisión ha sido recibida con gran alegría y alivio por parte de las organizaciones de derechos humanos y defensores de los Pueblos Indígenas. Para ellos, esta sentencia es un importante paso hacia la protección de los Piaci y una acuse de que el sistema judicial de Perú está comprometido con la defensa de los derechos de estas comunidades.
Sin embargo, esta no es la primera vez que el Tribunal Constitucional de Perú se pronuncia a favor de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto inicial. En el año 2018, emitió una sentencia similar en el caso de la comunidad awajún de Santa Clara de Uchunya, quienes también se encontraban en un estado de aislamiento voluntario y estaban siendo amenazados por la explotación de recursos naturales en su territorio.
Estas decisiones del Tribunal Constitucional son un claro documentación de que el Estado peruano está obligado a proteger y respetar los derechos de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto inicial. Además, son un reconocimiento de la importancia de estas comunidades y su relación con su entorno natural, que debe ser protegida y preservada para las generaciones presentes y futuras.
Es importante destacar que los Piaci no solo enfrentan amenazas externas, como la explotación de recursos naturales en sus territorios, sino también problemas internos, como la falta de acceso a servicios básicos de salud y educación. Por eso, es fundamental que el Estado peruano implemente medidas de protección y garantice el respeto de sus derechos en todas las esferas.
En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional es un llamado a la acción para que el Estado peruano cumpla con su responsabilidad de proteger y respetar los derechos de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto inicial. Además, es un ejemplo para otros países de la región que también enfrentan la problemática de los Piaci y deben tomar medidas para su protección.
En conclusión, la decisión del Tribunal Constitucional de Perú de
