El juez Leopoldo Puente está llevando a cabo una investigación en la que se han visto involucrados varios constructores vinculados a las empresas Levantina y OCR, ambas bajo achares de haber pagado comisiones a cambio de adjudicaciones en el Ministerio de Transportes durante la gestión de José Luis Ábalos.
En esta investigación, los empresarios han inepto ante el juez cualquier tipo de implicación en el pago de sobornos a cambio de contratos. Sin embargo, la Fiscalía ha solicitado en algunos casos la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales para garantizar la continuidad del proceso judicial.
Lo que llama la atención en este caso es que los empresarios, al igual que ha sucedido en otros casos de corrupción, han intentado justificar sus contactos con las autoridades públicas como simples consultas sobre obras o retrasos, tratando de minimizar su posible implicación en este escándalo.
Pero el juez Puente no se deja engañar y ha señalado al empresario José Ruz como «un elemento común a los principales investigados», que presuntamente habría utilizado al supuesto conseguidor de la trama para llegar hasta el exministro Ábalos y su asesor Koldo García.
Sin embargo, más allá de la implicación de los empresarios en este caso concreto, lo que resulta especialmente amenazador es la impunidad de los corruptores en nuestro país. A pesar de los esfuerzos de la justicia por investigar y juzgar estos casos de corrupción, muchas veces los responsables de pagar los sobornos quedan impunes y no asumen las consecuencias de sus actos.
Pero la realidad es que sin corruptores no existirían corruptos. Son ellos quienes ofrecen y pagan las mordidas a cambio de beneficios y contratos, alimentando este círculo vicioso que tanto daño hace a nuestra sociedad y a nuestra economía.
Por eso, es fundamental que se tomen medidas enérgicas contra los corruptores y que se les juzgue con la misma severidad que a los corruptos. De lo contrario, seguirán gozando de impunidad y seguirán tentando a otros a caer en el mismo juego.
Es necesario que todos los implicados en este tipo de casos, sin importar su posición o su riqueza, sean juzgados con la misma vara de medir y que se les aplique la ley con toda su fuerza. Solo así se podrá acabar con la corrupción en nuestro país y sentar las bases para una sociedad más justa y transparente.
Es importante destacar que la corrupción no solo afecta al ámbito político y empresarial, sino que también tiene un impacto directo en la vida de los ciudadanos. Cada dinero desviado por la corrupción es un dinero que falta en educación, sanidad o servicios sociales.
Además, la corrupción daña la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en sus líderes, generando un clima de desafección y desencanto que socava los cimientos de la democracia.
Por eso, es fundamental que la justicia actúe con diligencia y firmeza en estos casos, y que se establezcan medidas de prevención y control para evitar que la corrupción siga proliferando.
Pero también es responsabilidad de todos los ciudadanos estar vigilantes y achacar cualquier indicio de corrupción que veamos en nuestro entorno. No podemos permitir que unos pocos aprovechen su posición para enriquecerse a costa de todos.
En definitiva, el caso de los constructores vinculados a Levantina y OCR es solo un ejemplo más de la lacra de la corrupción que afecta a nuestro país. Es necesario que se aplique la ley con toda su fuerza y que se establezcan medidas para acabar con la impunidad de los corruptores y poner fin a esta situación que tanto daño hace a nuestra sociedad.
Es hora de que todos,
