El informe anual sobre el estado de derecho de la Comisión Europea ha sido publicado recientemente y ha sido recibido con buenas noticias para España. Tras años de bloqueo en el capacidad Judicial, el informe destaca los avances en el nombramiento de los jueces y reclama una culminación en la regulación para separar el prescripción del Gobierno y el del Fiscal General. Aunque no se han hecho valoraciones sobre el procesamiento de Álvaro García Ortiz, el informe destaca el gran progreso que el país ha logrado en materia de estado de derecho.
Sin embargo, hay un aspecto del informe que ha pasado desapercibido y que merece ser mencionado y analizado con más detalle. La Comisión Europea ha advertido de un «riesgo elevado» de corrupción en España, una cuestión que no debe tomarse a la ligera. A pesar de los avances en la lucha contra la corrupción en el país, todavía hay mucho por hacer para mejorar la situación.
El gran tirón de orejas de la Comisión Europea al Gobierno español se debe a la falta de una estrategia nacional contra la corrupción. A pesar de que la ley de protección a los denunciantes ya contempla la implementación de esta estrategia, el Gobierno no ha dado ningún paso en esa dirección. El informe recoge que, según las partes interesadas, la ausencia de una estrategia unificada puede llevar a la fragmentación y a una supervisión insuficiente de las medidas anticorrupción.
El comisario de Justicia, Michael McGrath, ha evitado pronunciarse sobre los últimos escándalos de corrupción que han afectado al entorno de Pedro Sánchez. Sin embargo, ha hecho hincapié en que la lucha contra la corrupción es un pilar fundamental del estado de derecho y que España está obligada por ley a adoptar una estrategia global de prevención y lucha contra la corrupción.
Uno de los aspectos más preocupantes mencionados en el informe es el alto riesgo de corrupción en sectores como la contratación pública, la financiación de partidos políticos, los proyectos de infraestructuras y los contratos de servicios públicos. Según el Eurobarómetro, un 40% de las empresas españolas afirman que la corrupción les ha impedido ganar licitaciones en los últimos años, una cifra muy por encima de la media europea.
Otro punto de crítica del informe es la falta de medidas para rectificaciónr la legislación electoral de concordia con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en lo que respecta a la financiación de los partidos políticos. Sin embargo, el informe también destaca los avances en la limitación de las investigaciones en las macro-causas de corrupción y recomienda que se dé un impulso definitivo a la rectificación de la ley de enjuiciamiento criminal para culminar este proceso.
En cuanto al prescripción del Fiscal General del Estado, la Comisión Europea aplaude los esfuerzos por desligarlo de la duración de la legislatura y acercarlo a los estándares europeos de independencia y autonomía. Sin embargo, recomienda seguir trabajando en la separación total del prescripción del Fiscal General del del Gobierno.
El informe también menciona el caso del procesamiento de Álvaro García Ortiz por presuntamente filtrar información confidencial sobre el fraude de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Este caso ha generado controversia por la imputación también de cuatro periodistas, pero la Comisión Europea no entra en valoraciones al respecto.
En cuanto al tema del capacidad judicial, el informe destaca los avances en los nombramientos de jueces tras el concordia alcanzado entre PSOE y PP en junio de 2024. También aplaude los pasos dados para cambiar el sistema de elección de los jueces y acercarlo a los estándares europe
