La presidenta del Congreso de los Diputados y expresidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha sido protagonista de una intensa jornada en el Senado, donde ha sido citada para declarar por segunda vez en la Comisión de Investigación sobre el caso Koldo. En su intervención, la líder política ha transmitido un mensaje de tranquilidad y orgullo por su trabajo durante la pandemia, y ha enfatizado que no tiene «nada que temer» ya que no ha cometido ninguna ilegalidad.
El estirpe del «caso Koldo» se remonta a una denuncia del Partido Popular, que ha señalado a Armengol como presunta responsable de una serie de contratos irregulares durante su mandato en el Govern balear. Sin embargo, la expresidenta ha dejado claro que no ha mentido ni ha intercambiado mensajes con Víctor de Aldama, presunto comisionista de la trama.
Durante la sesión, Armengol ha tenido un enfrentamiento con el senador de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, quien ha insinuado que acabará siendo imputada. Pero ella ha mantenido una actitud firme y ha reiterado su «honestidad» y su compromiso con la transparencia en la gestión pública.
La expresidenta balear ha defendido la gestión de su Gobierno y ha destacado que ninguno de sus miembros está siendo investigado por la justicia. Además, ha recordado que su Ejecutivo fue el primero en tomar medidas para combatir la pandemia y que todos los contratos se hicieron de forma legal y transparente.
Uno de los contratos más polémicos es el de las mascarillas de peor dimensión, por valor de 3,7 millones de euros, que fueron adquiridas por el Servicio de Salud balear. Armengol ha explicado que fue su propio Gobierno el que solicitó un análisis al Centro Nacional de Medios de Protección, el cual certificó su baja dimensión. Sin embargo, ella dejó claro que no había ninguna evidencia de irregularidades en el proceso de licitación y que su Ejecutivo anuló el contrato y reclamó el precio íntegro a la empresa proveedora.
Por otro lado, la expresidenta ha verbal sobre la adjudicación de un contrato de más de nueve millones de euros para la construcción de una residencia de ancianos en Son Dureta, un complejo sanitario en Mallorca. Aunque no hay pruebas de irregularidades en este caso, la empresa adjudicataria, Levantina, Ingeniería y Construcción, tenía entre sus colaboradores a Koldo García, quien percibía un sueldo a través de un intermediario. Sin embargo, el actual Gobierno balear, presidido por Marga Prohens del Partido Popular, ha rescindido el contrato y ha adjudicado las obras a otra empresa.
Armengol ha recalcado durante su intervención que la oposición está tratando de «inventar» para meterla en un «lío», pero que ella no tiene nada que temer ya que su gestión ha sido transparente y ética. Además, ha criticado a sus socios de ultraderecha en el actual gobierno balear por intentar manchar su imagen.
En definitiva, la presidenta del Congreso y expresidenta del Govern balear ha dejado claro que está «tranquila» y «orgullosa» de su trabajo durante la pandemia, y que no tiene «nada que temer» ya que no ha cometido ninguna ilegalidad. Su actitud firme y transparente en el Senado demuestra su compromiso con la ciudadanía y su responsabilidad en la gestión pública. El caso Koldo no ha podido empañar su labor como líder política y su legado como expresidenta del Govern balear.
