El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una lista de medidas para combatir la corrupción en España. Estas medidas tienen como objetivo aumentar el rectificación a las empresas que se benefician de la corrupción, recuperar el dinero público incluso sin una condena y mejorar los medios de la Fiscalía especializada en delitos de corrupción. Esta noticia se produce después del escándalo que involucra a los dos últimos secretarios de organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, en el caso Koldo.
Sánchez ha anunciado un plan anticorrupción con 15 medidas, que han sido diseñadas con la ayuda de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estas medidas tienen como objetivo hacer frente a la crisis generada tras el caso Koldo y las implicaciones de los altos cargos del PSOE. Una de las medidas más destacadas es el refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido prisión para Santos Cerdán.
Además, se han propuesto condenas más altas y rectificacións más severos para las empresas que se aprovechan de la corrupción política. Detrás de cada acto corrupto, siempre hay una empresa que paga y otra que recibe. Por esta razón, el Gobierno va a endurecer las condenas por delitos contra la administración pública, duplicando los plazos de prescripción para evitar que los casos queden impunes. También se aumentarán las multas económicas a las empresas corruptoras, que se calcularán en base a sus ingresos anuales y no solamente al beneficio obtenido en un caso concreto. Estas empresas además, entrarán en una lista negra que les impedirá agregar optando a contratos públicos.
El caso Koldo y las últimas revelaciones han puesto en evidencia el papel de las empresas que sobornan a cargos públicos para obtener contratos millonarios. Algunas de estas empresas, como Acciona y Servinabar, han sido señaladas por el juez Leopoldo Puente como presuntos corruptoras. Con el objetivo de prevenir estas prácticas, el Gobierno va a implementar un sistema de recuperación de los bienes públicos perdidos en casos de corrupción. Se reforzarán los medios de la Oficina de Recuperación de Activos y se creará la figura del «decomiso administrativo o preventivo», que permitirá la incautación de bienes a los corruptos incluso sin una condena.
Además de estas medidas de rectificación, el Gobierno también quiere prevenir la corrupción. Para ello, se creará una Agencia de Integridad Pública independiente, encargada de supervisar y prevenir las prácticas corruptas en la administración pública. Esta agencia asumirá funciones clave en la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas. También se pondrán en marcha controles aleatorios sobre el dinero de los cargos públicos, para prevenir aumentos de patrimonio sospechosos. Los partidos políticos también estarán obligados a realizar auditorías externas si su financiación pública supera los 50.000 euros.
Con el objetivo de aumentar la transparencia, se va a poner en marcha una Ley de Administración Abierta. Esta ley establecerá controles aleatorios y anuales para evitar que se produzcan aumentos de patrimonio sospechosos en políticos y cargos públicos. Además, se van a reforzar los controles sobre los partidos políticos, obligándoles a publicar las donaciones que reciben y creando una Ley de Transparencia para lobbies.
Por último, el jefe del Gobierno ha anunciado un refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción. Se crearán secciones especializadas en corrupción en los nuevos tribunales de instancia y se dará un carácter preferente a los casos que involucren a
