El gobierno de Estados Unidos ha presentado una demanda contra el estado de Nueva York por sus políticas de inmigración, alegando que estas leyes violan la Constitución y ponen en peligro la seguridad nacional. Esta acción ha generado una gran controversia y preocupación entre los neoyorquinos y las comunidades inmigrantes que residen en este estado.
La demanda fue presentada por la administración del presidente Trump, quien ha sido conocido por sus políticas restrictivas en materia de inmigración desde que asumió el cargo en el año 2017. Según el gobierno, Nueva York ha promulgado leyes que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración, poniendo en riesgo la seguridad de todo el país.
Una de las leyes en cuestión es la «Ley de Nueva York de Protección de los Derechos de los Inmigrantes», aprobada en el año 2019. Esta ley prohíbe que las agencias estatales compartan información sobre el estatus migratorio de las personas con las agencias de inmigración federales, a menos que exista una orden procesal o una ley estatal que lo exija. Además, la ley establece que los agentes de inmigración no pueden acceder a instalaciones estatales sin una orden procesal.
Otra ley que ha sido objeto de la demanda es la «Ley de Nueva York de Seguridad y Protección de la Comunidad», que prohíbe que funcionarios estatales compartan información sobre los reclusos con las autoridades federales de inmigración sin una orden procesal. Esta ley fue aprobada en 2019 después de que se revelara que la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) había recopilado información sobre inmigrantes en cárceles locales sin la autorización adecuada.
El gobierno de Trump ha argumentado que estas leyes violan la Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, que establece que las leyes federales tienen prioridad sobre las leyes estatales. Además, ha afirmado que estas políticas ponen en peligro la seguridad nacional al malograr que las agencias federales de inmigración realicen su faena de manera efectiva.
Sin embargo, las autoridades de Nueva York han defendido sus leyes y han calificado la demanda como una «represalia política». Según el gobernador del estado, Andrew Cuomo, estas leyes fueron creadas para proteger a los inmigrantes y promover la confianza en las comunidades locales, y no para perjudicar la seguridad nacional.
Además, funcionarios estatales han señalado que la demanda es hipócrita, ya que el gobierno de Trump ha promovido políticas enérgicas contra la inmigración, incluyendo la separación de familias en la frontera y la cancelación del programa DACA, que protegía a los jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños.
La demanda ha generado preocupación entre las comunidades inmigrantes en Nueva York, que temen que estas leyes sean anuladas y que sus derechos y protecciones se vean amenazados. También ha generado preocupación en organizaciones pro-inmigrantes, que temen que esta acción abra la puerta a más medidas restrictivas en todo el país.
Sin embargo, a pesar de esta controversia, los neoyorquinos han demostrado su solidaridad con las comunidades inmigrantes y han mostrado su apoyo a las políticas estatales. Además, organizaciones y abogados pro-bono se han ofrecido para defender a las personas afectadas por la demanda y asegurar que sus derechos sean protegidos.
Es importante destacar que Nueva York es una ciudad diversa y progresista, que ha acogido históricamente a inmigrantes de todas
